Ni aprenden ni olvidan

En 1964 los sectores dirigentes más tradicionales –en la política, en el gobierno, en el mundo empresarial- presionaron la toma de las supuestas “repúblicas independientes” que se estaban conformando en Marquetalia, Sumapaz y el Ariari. A juicio de tales sectores, eran enclaves propicios para la diseminación del comunismo y la reproducción de las ideas promovidas por la revolución cubana.

En Marquetalia se asentó un grupo de cincuenta campesinos armados, supérstites de la violencia del medio siglo, comandados por Pedro Antonio Marín, alias “Tirofijo”. Marín se había desmovilizado durante el gobierno de Alberto Lleras y, según lo recuerda James Henderson en su libro “Cuando Colombia se desangró”, durante casi un año trabajó como inspector de la carretera Gaitania-Neiva.

La “Operación Marquetalia”, ordenada por el gobierno de Guillermo León Valencia, sirvió para recuperar una especie de tierra de nadie, pero no para establecer allí la vigencia cabal del estado de derecho, ni para imprimirle a la paz factores estabilizantes. En esa operación hunde sus raíces el origen de las “Farc”.

Pierre Gilhodes sostiene que sin el ataque militar a las “repúblicas independientes” y con políticas sociales y de estabilización, aquellos grupúsculos guerrilleros se hubieran disuelto con el tiempo. Así ocurrió en otros países. Pero el gobierno cometió el error histórico de responder únicamente con soluciones militares a una problemática que demandaba también soluciones políticas.

Ahora existen unas zonas de reserva campesina definidas por el artículo 80 de la ley 160 del 94. Forman parte de una institucionalidad inconclusa, como es inconclusa casi toda la institucionalidad colombiana relacionada con la organización territorial. No son sólo los territorios indígenas y las zonas de reserva campesina. Las regiones, las provincias, los municipios tampoco han tenido los desarrollos formulados por la Constitución.

Alrededor de los dos primeros giran supuestos problemas de seguridad y en torno a los tres últimos, supuestos problemas jurídicos. Habría soluciones. Pero también hay bloqueos dirigentes y, sobre todo, un conservadurismo cerril y/o un inexplicable miedo al cambio. En el esquema de las autonomías que la Carta del 91 inscribe dentro de la unidad política nacional, cabrían las zonas de reserva campesina. En medio de ese debate democrático podría estar la diferencia entre la paz y la guerra.

Hay gente que ni aprende, ni olvida. Parecería que quienes vuelven sobre la peregrina tesis de las “repúblicas independientes” nada aprendieron del colapso del comunismo, ni olvidaron las lecciones de sectarismo propias de otras épocas. Tampoco recuerdan cómo empezó este conflicto armado que se resistirá a morir si seguimos mirando un país divido entre buenos y malos, y no una sociedad plural con intereses múltiples, incluso opuestos pero legítimos, en cuyo seno necesitamos caber todos. Es increíble.

*Ex senador, profesor universitario, atm@cidan.net