Por: Ramiro Bejarano Guzmán

País prisionero

Ahora resulta que la tambaleante ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, quien no ha dado pie con bola, cree que el problema del hacinamiento en las cárceles lo puede resolver trasladándoles a los municipios la responsabilidad de que construyan prisiones y además provocando la expedición de un código penitenciario.

Los alcaldes deben de estar aterrados con la idea de que los obliguen a construir centros penitenciarios, porque obviamente ello supone que los presupuestos locales, siempre comprometidos con la atención de necesidades más urgentes, van a tener que destinarse para construir los elefantes blancos donde duerman a pierna suelta los presos. En otras palabras, la solución de la señora Correa es lo más parecido a la de Simón el Bobito, de sacar tierra de un hueco, para echar en el hueco la tierra de otro lado.

Si precisamente los municipios no han tenido cómo atender la carga de construir prisiones para darles albergue a quienes todavía no están condenados, pretender forzarlos a que ahora lo hagan, es postergar todavía mucho más tiempo una solución que tiene que ser urgente. ¿De dónde saldrán esos recursos, acaso de las arcas municipales? Mientras los burgomaestres piensan rehabilitar o inaugurar escuelas, sitios de recreación, centros de salud, viviendas de interés social, desde Bogotá la señora Correa cree que es mejor que se pongan a hacer cárceles.

Pero allí no paran las improvisaciones. La otra gran idea de la ministra Correa consiste en impulsar la obtención de un documento Conpes que prevea que antes de que un acto sea calificado como crimen tiene que obtenerse concepto favorable del Consejo de Política Criminal, el cual será vinculante. Tal propuesta tiene más visos de inconstitucionalidad y arbitrariedad, que de solución sensata a las necesidades o exageraciones de convertir una conducta en tipo penal. En efecto, si se abre camino la idea ministerial de que finalmente la decisión de si una conducta es o no delictuosa la toma un Consejo que no tiene origen popular, querría decir que se estaría sustituyendo al Congreso, al que al mismo tiempo se le estaría cercenando la facultad de expedir las leyes sobre la tipificación de ciertas conductas como delitos.

Una cosa es que un Consejo de Política Criminal pueda asesorar al Gobierno y hacerle recomendaciones al Congreso, y otra bien diferente es que su criterio se vuelva absoluto e incontrovertible. Por ese camino, por ejemplo, un Consejo de esta naturaleza de clara conformación gubernamental, podría impedir que se convirtiera en delito alguna conducta que comprometa a funcionarios públicos. Me niego a creer que en el Congreso sean tan atembados de aprobarle a la saliente ministra cualquier proyecto que hacia el futuro les impida a los congresistas tener que expedir una ley creando tipos penales, sólo si el Consejo de Política Criminal le parece que se justifica. Ya veremos qué pasa, esperemos que los camaleones de siempre no terminen negociando las competencias constitucionales del parlamento.

Y como para que no quede duda de la notoria improvisación con la que se busca remediar el hacinamiento carcelario, la ministra cree que otra arista de la solución es la de reformar el estatuto de la contratación estatal, para abrir más espacios que permitan la contratación directa por razones de seguridad nacional. La vía de contratar a dedo es una avenida expedita para la corrupción. Aquí se ha cometido toda clase de atropellos en nombre de la seguridad nacional. Eso parece no ignorarlo la ministra Correa.

Adenda. ¿Serán ciertos los rumores que corren acerca de que en un organismo de control han montado un nuevo DAS, dedicado a espiar a críticos.

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