Después de la paz, la guerra permanente

Hace algunos años, en un desayuno en la ciudad de Nueva York, el expresidente Pastrana me contó sobre la reforma militar que lideró durante su administración, y comentó: “Una vez que uno sube el gasto militar, es muy difícil lograr reducirlo”. El hecho de que hoy en Colombia el gasto militar sea de casi el 4% del Producto Interno Bruto (más que el doble de Brasil) es también un síntoma de la influencia y del poder que las Fuerzas Armadas tienen hoy en día en Colombia.

La semana pasada se radicó en el Congreso un proyecto de ley que permitirá a las Fuerzas Armadas combatir a las bandas criminales así como, hasta hoy, se ha combatido a las guerrillas. En otras palabras, lo que esto permite es que las Fuerzas Armadas mantengan su influencia y la puedan extender, además, hacia las áreas urbanas, en donde las bandas criminales tiene su mayor eje de acción.

Es interesante notar cómo hoy, en su discurso, el Estado colombiano identifica en el modus operandi de las bacrim un nuevo estado de emergencia, que a su vez invoca la necesidad y la justificación de la excepción, o sea de la utilización de medidas extraordinarias. De hecho, exactamente eso fue lo que dijo hace algunos días en Blu Radio el ministro de Defensa: por su organización y por su violencia inusitada, las bacrim no pueden ser consideradas como un estricto problema de orden público, y agregó: “Eso lo que significa es que [este problema] puede ser tratado dentro del marco del derecho internacional humanitario, con lo cual la fuerza militar se puede emplear”. Al escuchar esto recordé lo que escribió el filósofo alemán Carl Schmitt: “Soberano es quien decide el estado de excepción”.

El escenario nefasto presentado por el ministro contradice el análisis hecho por él mismo hace un par de semanas, cuando resaltó que en el 90% de Colombia no hay presencia de las bacrim. “Las bandas criminales fueron golpeadas en el año 2012 como nunca antes; todos los que eran jefes de una banda criminal fueron capturados o abatidos”, dijo el ministro, que agregó, “estas organizaciones han sido atomizadas y no actúan con unidad de mando”.

La contradicción es sólo aparente, porque la intención de autorizar al Ejército a “bombardear a las bacrim”, como se ha dicho en lenguaje periodístico, no tiene que ver con la amenaza representada por las bandas criminales, sino con la influencia y el papel que el Ejército quiere seguir teniendo en Colombia y en América Central, en donde, con la bendición de Washington, ya se utiliza a los ejércitos (algunos entrenados por Colombia) para combatir a las redes transnacionales del crimen organizado.

Surgen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿esta ley permitirá al Ejército colombiano utilizar a los drones (que Colombia quiere producir) para combatir a las bacrim? ¿Habrá más Operación Orión en áreas urbanas del país? Lástima que a los amigos de Blu Radio se les pasó preguntárselo al ministro.