Esclavitud, esperanza y caridad

Cuando nuestra sociedad creía haber pasado la página del escándalo de la revista Hola —“Las mujeres más poderosas del Valle del Cauca” posando en un cuadro de servidumbre que parecía del siglo XVII—, fue sacudida de nuevo por Mónica Sánchez Beltrán, quien nos recordó que la esclavitud en Colombia es mucho más que una puesta en escena.

En 2010, Mónica buscó a Noemí, una campesina que décadas atrás, siendo una niña, fue sacada de Anzoátegui para trabajar en oficios domésticos en una casa de familia... como esclava.

Este caso le puso el megáfono a un secreto a voces: la trata de personas bajo el eufemismo de “servicio doméstico”.

El relato recuerda la deformación de la caridad cristiana de las religiosas de Memoria por correspondencia, de Emma Reyes: explotar a quien se le ofrece techo y comida no es un abuso.

Reflexiono con Mónica: ¿Por qué cree que sus padres, católicos, cometieron esos abusos (maltrato físico y sexual)?

“Mi madre pertenece a una familia bastante arrogante. Se creen superiores, con derechos sobre los demás, consideran que hacen una caridad. Ella apenas está dándose cuenta de lo que les hizo a Noemí y a otras niñas”.

Según la OIT, en el mundo unos 52,6 millones de personas mayores de 15 años viven del trabajo doméstico. De ellas, 43,6 millones son mujeres.
Las empleadas domésticas han permanecido invisibles por desempeñar su oficio a puerta cerrada, en un entorno íntimo, al margen de la producción capitalista (¿qué sería de la Liberación Femenina sin ayuda en casa?). Además, con frecuencia, los vínculos afectivos impiden reconocer a la empleada como sujeto de derechos.

El diagnóstico Condiciones de trabajo decente de las trabajadoras domésticas afrocolombianas en Medellín*, arroja cifras alarmantes: 95,2% de las encuestadas no recibe pago por horas extras y el 91% de las empleadas internas trabaja entre 10 y 18 horas diarias.

Sus condiciones laborales se ven agravadas por factores como el prejuicio social, el desconocimiento de la ley por parte de ellas y sus empleadores, y el alto índice de contrato verbal (85,7%) que tiende a favorecer el incumplimiento de las prestaciones sociales.

Por otra parte, el Ministerio del Trabajo ha sido laxo: “[…] en el año 2011 sólo se realizaron cinco inspecciones laborales a este sector en todo el territorio nacional, para un total de 742.000 trabajadores […] mientras que en otros sectores como el comercio se realizaron 4.473”.

Tanta precariedad evidencia una deuda histórica que nos obliga a reivindicar unos derechos ciudadanos mínimos con los cuales personas como Noemí puedan recuperar su identidad, su memoria ancestral, su dignidad laboral. Su esperanza.

Mónica confiesa: “Después de toda una vida de reflexión, de cargar con esto, quise encontrar una vía de reparación. Me sorprende que la gente esté tan sorprendida: ¡hice lo que se tiene que hacer!”.

* Escuela Nacional Sindical y la Corporación Afrocolombiana de Desarrollo Social y Cultural, 2013.