Por: Tatiana Acevedo

Tolemaida

Tres injusticias han afrontado tres generaciones (de 120 familias), vecinas de la base de Tolemaida, en zona veredal de Nilo, Cundinamarca.

La primera está relacionada con un cambio en las reglas del juego. Las familias pioneras se asentaron en la zona a finales de los 30, antes de que el Estado adquiriera las tierras. Lleras Camargo les prometió no desalojarlas y el convenio 108 del 68 estableció que el Incora debía parcelar las tierras y cederlas a los ocupantes. El Incora nunca oficializó tal cesión.

La segunda se deriva de los hostigamientos diarios a la comunidad. Acciones de intimidación que no sólo han sido documentadas por el Movice, sino también por este diario y la revista Semana. Sabotajes a los transformadores de luz y retenes militares permanentes (bloquean el ingreso de cemento o tubos) han consolidado una cotidianidad sin servicios públicos. Se denuncia la destrucción de casas y cultivos.

La tercera tiene que ver con otro posible bloqueo. Según los abogados de las familias, algunas denuncias de los campesinos han terminado en archivos inactivos de la institución militar, pues las quejas instauradas ante la Defensoría de Girardot van a parar a la Oficina de Control Interno del Batallón de Tolemaida.

Pese a que hay papeles y sellos y notarios que certifican la promesa de Lleras, el Incoder ratificó que las hectáreas son del Ejército. Una vez más, como con la defensa de Nieto Loaiza en el caso del Palacio de Justicia, el Gobierno “justo, moderno y seguro” antepone los intereses de los militares. Lo “seguro”, pues, por sobre “lo justo”. ¿Y lo “moderno”? Tal vez para hacer de Tolemaida (y las fincas de recreo que la rodean) un resort.

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