Revivamos nuestra historia

— Atacan el proceso con las Farc porque supuestamente el gobierno está entregando el oro y el moro a cambio de la reelección, pero ignoran de mala fe que hay una agenda de cinco puntos —ambiciosa pero conocida—, y que en caso de firmarse un acuerdo éste debe pasar al Congreso y ser sometido a referendo popular. No recuerdan que las conversaciones con las Auc se desarrollaron sin hoja de ruta conocida, en medio de gran opacidad, y que el pacto firmado no fue avalado por el Congreso, ni refrendado en las urnas.

— Arreciaron sus críticas cuando las Farc rompieron el cese del fuego decretado por dos meses, pero fueron complacientes con el incumplimiento del compromiso de las Auc de suspender las acciones violentas como requisito del diálogo (más de dos mil personas fueron asesinadas o desaparecidas entre el 1 diciembre de 2002, fecha de inicio de las negociaciones formales, y el 31 de diciembre de 2004). Incumpliento que el comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, justificó con un curioso argumento: “El cese de hostilidades es una metáfora” que debe manejarse con mucha flexibilidad” (febrero 2005).

- Denucian que en La Habana está fraguándose un pacto de impunidad, pero han borrado de su memoria la oleada de críticas que recibió que el proyecto de alternatividad penal que presentó el gobierno Uribe en 2003, que no era otra cosa que una ley de perdón y olvido, que desconocía los derechos de las víctimas, y que el entonces ministro del Interior, Fernando Londoño —enconado detractor del proceso con las Farc—, defendió con vehemencia: “Todo armisticio implica un poquito o un mucho de impunidad (…) la verdadera injusticia es negarle al país la posibilidad de llegar a un acuerdo con los armados ilegales que buscan una salida negociada”.

— Se oponen de pies y manos a una posible participación política de las Farc, pero tienen lagunas con respecto a dos asuntos de fondo: el primero, que el objetivo del Acuerdo de Santafé de Ralito y del proyecto inicial de justicia y paz era reconocerles a los paramilitares estatus político y juzgarlos por sedición, delito que los blindaba contra la extradición. La Corte Suprema frustró ese propósito mediante una sentencia en la que dijo que, bajo ningún pretexto, los delitos cometidos por personas vinculadas a grupos paramilitares “pueden ser asimilados al concepto delito político”. Por esta decisión, Uribe acusó a la Corte de tener “sesgo ideológico”.

Revivir la historia permite concluir que todos los procesos con grupos ilegales enfrentan similares problemas, y que una de las razones que explica la diametral diferencia de posición del expresidente Uribe que fue blanda y compaciente frente a los paramilitares, y feroz e intolerante con respecto a las Farc, es que mientras el proceso de Santafé de Ralito se hizo entre dos partes con los mismos objetivos políticos, la misma doctrina de seguridad, el mismo discurso estigmatizador de la izquierda, en La Habana se adelanta entre enemigos. Y las Farc son, sin duda, el principal y mayor enemigo de Álvaro Uribe.