Por: Salomón Kalmanovitz

El imperio de la ley

Paloma Valencia hace una mala comparación entre la efectividad de la ley en Estados Unidos para capturar a los perpetradores del atentado de la Maratón de Boston y la del gobierno colombiano frente a acciones de las Farc en el Cauca (El Espectador, 20 de abril de 2013).

 Se le pasan muchos detalles por alto, siendo el más notable la carencia del monopolio de los medios de violencia por el Estado en Colombia comparado con el muy consolidado estado norteamericano.

La proliferación de grupos armados ilegales, tanto de derecha como de izquierda, es de vieja data en la historia de Colombia. La columnista no reclama que se persiga ni se venza en juicio a los dirigentes de grupos paramilitares, a los Urabeños y Rastrojos ni a los militares que abusaron y ejecutaron civiles inermes para alcanzar promociones, como lo denunció la CPI recientemente. En vez de saludar la iniciativa de negociar con la guerrilla su dejación de armas, que abre la posibilidad de que participen en la vida política civilizada, Paloma Valencia y los uribistas prefieren agudizar el conflicto, que es lo que menos nos acercará al lejano imperio de la ley.

Pero hay más factores, por fuera del conflicto, que conjuran contra el imperio de la ley: el sistema judicial no está organizado para seleccionar su personal por méritos sino por política. Los abogados que titula nuestro sistema educativo no son de gran calidad, con notables excepciones; a veces las actuaciones ilógicas de los jueces dan ganas de llorar. La Procuraduría, presidida por un abogado que no se destaca por su jurisprudencia, burla y tuerce la Constitución y la ley; persigue a sus enemigos y encubre la corrupción de sus aliados de extrema derecha. La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han sido empacadas con figuras grises, conectadas con los partidos mayoritarios en el Congreso, perdiendo su independencia. Sin autonomía, el sistema judicial malogra su imparcialidad y corroe desde adentro el imperio de la ley.

Vemos lamentablemente como se arrastran los casos criminales contra personajes y contratistas influyentes que nunca son condenados, y si lo son, reciben privilegios carcelarios, impensables en países como los Estados Unidos. Eso refleja otra perversidad del sistema colombiano: no existe la igualdad frente a la ley. Un caso patente fue el de Yidis Medina, condenada por el delito de intercambiar su voto para aprobar la reelección, mientras el que le ofreció las prebendas, el exministro Sabas Pretelt, y el beneficiado del voto, Álvaro Uribe, siguen libres. Si la ley no tiene aplicación universal, ¿qué se espera de su imperio?

No ayuda tampoco que el sistema policial y el de la policía secreta se aparten frecuentemente de sus fines misionales. El DAS y sus homólogos anteriores han sido liquidados por abusos de poder, obedeciendo los fines del ejecutivo u otros intereses a la sombra, y su reclutamiento y dirección recientes han sido tenebrosos. En Estados Unidos, el FBI recluta profesionales en las áreas de criminología, logística, balística y ciencias forenses para alcanzar sus objetivos. La agencia procesó cientos de datos y videos para identificar y dar con los sospechosos rápidamente en el caso de los atentados de Boston.

Tiene razón Paloma Valencia en que el sistema de justicia colombiano tiene fallas protuberantes, pero las que evidencia frente a los delitos de las Farc no son las más acuciantes; podrían resolverse además con justicia transicional.

 

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