Por: Arlene B. Tickner

Unasur: entre el diálogo y la democracia

Lo que algunos clasifican como una “rápida e inteligente” respuesta por parte de Unasur ante las elecciones en Venezuela, es descrito por otros como una burla a la transparencia democrática.

En efecto, al avalar el triunfo de Maduro y asistir a su posesión sin antes esperar los resultados de la auditoría sobre la totalidad de los votos, la posición de los líderes latinoamericanos resulta ambigua. Peor aún, afirma el Wall Street Journal, actitudes como esta demuestran que éstos no se oponen al autoritarismo siempre y cuando éste sea de izquierda. Para la muestra, los gobiernos de la región también nombraron recientemente a Raúl Castro como presidente de la Celac.

Tales descripciones de la política regional, por cierto caricaturescas, apuntan a un dilema que enfrentan organismos como éstos que han pretendido reemplazar a los ya existentes, en especial la OEA. Se trata del aparente conflicto que existe entre cultivar el diálogo y garantizar la estabilidad socio-política en América Latina, y defender valores compartidos como la democracia o el respeto por los derechos humanos.

Entre las ventajas de Unasur, su estructura flexible y carácter presidencialista le han otorgado considerable agilidad a la hora de responder ante distintas coyunturas críticas. Poco después de su entrada en vigencia medió con éxito en la crisis en Bolivia, y posteriormente en perturbaciones posibles y reales del orden constitucional en Ecuador, Honduras, Paraguay y ahora Venezuela. La misión de paz de la ONU en Haití, coordinada por Brasil y Chile, constituye otro ejemplo de la capacidad creciente de los países sudamericanos de resolver los asuntos del vecindario sin la injerencia de actores externos como Estados Unidos.

Sin embargo, los esquemas actuales de concertación política, que han sido muy positivos en términos de potenciar la autonomía y cultivar la interacción regional, no están exentos de tensiones en lo que respecta a la democracia. Quienes reclaman a Unasur mayor asertividad en el tema aseguran que la Carta Democrática de la OEA obliga a actuar frente a cualquier interrupción de la democracia, aunque en realidad ésta nunca se ha defendido sino selectivamente y muchas veces en función de otros intereses. Tal vez más significativo, principios como la soberanía y la no intervención, que son parte de la genética de los Estados latinoamericanos —en buena medida por el legado intervencionista estadounidense—, dificultan su involucramiento en los asuntos internos de terceros. Las presidenciales de Paraguay (y no sólo las venezolanas) ilustran este dilema. La normalización constitucional que pondrá fin al aislamiento del país —suspendido de Mercosur y Unasur luego de la destitución de Fernando Lugo— no garantiza su salubridad democrática. Además de coloradista, penden sobre Horacio Cartes acusaciones de crimen transnacional sobre las que la región no se pronunciará.

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