Por: Gustavo Páez Escobar

Condenada a morir

Los esposos Bernardino Lesmes y Amparo González veían con mucha alegría el nacimiento de Paula Sofía, ocurrido hace nueve meses en una clínica de Bogotá. Su primer hijo tenía nueve años de edad y ellos soñaban con la pareja, ilusión que al fin vieron cumplida con la llegada de Paula Sofía.

Pero la niña nació con graves deficiencias orgánicas, y ahí comenzó el calvario de los padres. Estos nunca se habían imaginado que tres enfermedades simultáneas lesionaran en forma catastrófica la salud de la niña recién nacida: síndrome de Down, hipotiroidismo y cardiopatía congénita. Esta última le significaba serias dificultades para respirar. Como si fuera poco, dos días después de su nacimiento tuvo que ser operada por una obstrucción intestinal.

La alegría del segundo hijo se convirtió en un camino de dolores. Comenzaron las consultas médicas, las preguntas sin respuesta, las negativas de los servicios de asistencia hospitalaria. Para los padres, todo se tornaba complejo, oscuro, impenetrable. Los funcionarios de la salud eran seres lejanos e indolentes que no solo los atendían de afán, como si fueran un estorbo, sino que no les resolvían nada.

La EPS Solsalud, a la cual estaban afiliados (y que se encuentra intervenida desde hace un año por fallas en el servicio), los sometió a toda clase de trabas, de trámites tortuosos e interminables. Este es el país de los trámites, donde todo se complica por falta de reglas precisas y eficaces. El ciudadano deja de ser una persona digna para volverse un papel, un número, una ficha de computador manejada por personas carentes de raciocinio y sentido humano. Los funcionarios parecen verdaderos autómatas.

Sin embargo, los padres angustiados reunieron todos los papeles que Solsalud exigía para practicar a la niña la cirugía cardiovascular ordenada, de manera urgente, por una cardióloga de la clínica del Niño, de Soacha. Pero no fue posible obtener la autorización. Se insistió varias veces, y la entidad, aparte de mostrarse imperturbable frente al drama de una vida que se hallaba en serio peligro de muerte, permanecía muda. Ninguna razón dio para su negativa.

“La EPS todo lo negaba, hasta las bolsas de colostomía. En nueve meses solo nos dieron cuatro. Cada una costaba de 35.000 a 40.000 pesos, que nos tocaba sacar del bolsillo”, manifiesta el padre de Paula Sofía al periódico El Tiempo, de donde se toma esta noticia,

Tuvo que acudirse entonces a la Defensoría del Pueblo, última instancia que busca el ciudadano cuando siente vulnerados todos sus derechos y no ve más salidas. Se entabló una tutela, y se ganó. Pero Solsalud desatendió la orden. Esto ocurría a principios de abril. El caso se complicó con una bronquiolitis aguda que fue atendida en el hospital San Blas, el 24 de abril.

No fue posible que la EPS remitiera a la paciente a una institución especializada. Hoy aduce que ninguna de las quince entidades a las que solicitó ese servicio lo aceptó. No se entiende cómo estas quince entidades se niegan, en el curso de cinco días, a atender la remisión de la paciente. Este aspecto debe obtener plena claridad en la investigación que adelanta la Superintendencia de Salud.

Paula Sofía falleció por un paro cardiorrespiratorio, el 29 de abril, en el hospital Santa Clara, a causa de una neumonía. Es este otro episodio, por demás doloroso, que pinta la aberrante ineficiencia de los organismos del Estado que deben proteger la salud de los colombianos. Atribuir toda la culpa a Solsalud sería un escape de la exacta realidad. Es todo el sistema sanitario el que desde hace varios años se halla en crisis y reclama medidas de fondo (que aún no logra sacar adelante el ministro del ramo) para garantizar un derecho primordial del ser humano.

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