Por: Julio César Londoño

El atentado a Ricardo Calderón

En abril 2 de 2011 Semana publicó “Tolemaida resort”, un artículo que denunciaba los aberrantes privilegios de que gozaban los reclusos de ese penal militar.

Permisos de varios días para visitar el médico, la familia o el mar, para tener negocios de comidas y transportes, ingreso de vituallas (licor, prostitutas y otros pertrechos), cabañas para ellos y sus familias. Parece que sólo había una norma obligatoria: todo recluso debía tener un celular para reclutarlo de urgencia y que se presentara en el penal cuando se supiera que iba a haber una visita de inspección. El artículo afirmaba que muchas de estas prebendas habían sido gestionadas por generales y coroneles que se apiadaban de las duras condiciones de sus muchachos en prisión.

De inmediato la fiscal general de la Nación abrió una investigación exhaustiva, que nunca cerró; el comandante de las FF.AA. ordenó unas medidas correctivas que nunca se cumplieron, y el procurador general dejó el asunto en manos de un Altísimo que nunca descendió, al menos en estos dos años.

El 13 de abril de este año la revista volvió a la carga con “Tolemaida tours”, un artículo con videos de las salidas y los privilegios que continúan teniendo los reclusos del penal, en concreto el sargento Wilson Casallas y el soldado profesional Santiago Escudero, ambos condenados a largas penas por crímenes de lesa humanidad. De inmediato el fiscal, el comandante y el procurador abrieron furiosas investigaciones. Es más, el comandante de las FF.AA. ordenó la pena máxima para estos próceres: ¡traslado inmediato a una cárcel civil! (entre militares, la “justicia civil”, incluso la colombiana, es una expresión terrible. Severa. Inexorable). Indignados por este atropello a los derechos humanos, los reclusos de Tolemaida armaron un motín, amenazaron con degollar a dos presuntos “sapos” que tomaron como rehenes y (as en la manga, refrigerante instantáneo) con divulgar los nombres de los generales y los coroneles a quienes han cubierto la espalda en “actos de guerra”. Traducción: hagámonos pasito, señores.

Hasta el momento, el chantaje está funcionando. Casallas y Escudero continúan en Tolemaida aunque, todo hay que decirlo, no han salido ni una sola vez a balnearios de Ibagué ni a centros comerciales de Bogotá en los últimos quince días.

Todo parece indicar que son estas investigaciones las que causaron el atentado a Ricardo Calderón, jefe de investigaciones de Semana, la noche del 1º de mayo, cuando andaba justamente entrevistando fuentes del mismo tema. Seguramente hubo reuniones secretas donde se decidió que era más fácil matar al mensajero que poner orden en Tolemaida; o que era más barato amedrentar la revista que callar a las decenas de chivos expiatorios que purgan condena en el penal. Pero les falló la vuelta. Calderón reaccionó rápido y se les escapó a los sicarios, unos sujetos de muy mala puntería, por fortuna. Seguro alguien cobró como profesional y subcontrató amateurs para embolsillarse unos pesos (¡hasta dónde ha llegado la corrupción, ya no se puede confiar ni en los sicarios!).

En cualquier caso, varias cosas son claras ahora: una, los atentados son la forma más torpe y ruidosa para silenciar a nadie. Dos, como lo demuestra la historia, no es fácil intimidar a la prensa colombiana. Tres, esperamos que el fiscal, el comandante y el procurador, que ya ordenaron las consabidas “exhaustivas”, salgan con algo antes de que los sicarios afinen el tiro. Cuatro, como quiera que Casallas y Escudero siguen en Tolemaida, es lícito deducir que sus chantajes tienen fundamentos. Quinto, por si faltaran pruebas, Tolemaida es la demostración patente de que la expresión “justicia militar” es un tierno oxímoron.

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