Por: Armando Montenegro

Parafiscalidad en crisis

En estos meses se ha manifestado la crisis de una anacrónica institución colombiana: la parafiscalidad, o sea, la facultad de grupos privados de recaudar tributos y retenciones, que obligatoriamente pagan sus afiliados, para gastarlos con cierta liberalidad y, en la práctica, con escasa vigilancia de las entidades de control, el Gobierno y los propios contribuyentes.

Síntomas de esta crisis son el paro cafetero, impulsado por quejas de grupos como Dignidad Cafetera de lo que hace y no hace la Federación, y las denuncias del ministro de Agricultura sobre el manejo de los recursos de los ganaderos.

La parafiscalidad es un concepto corporatista, una visión de la sociedad con una larga historia en el país, que se encuentra en los escritos de Uribe Uribe y el padre Félix de Restrepo, e hizo parte del proyecto constitucional de Laureano Gómez. Con la privatización de los impuestos se trata de darles ingresos a ciertas asociaciones, con la idea de que, además de realizar obras y programas de interés de sus afiliados, puedan fortalecerse para participar en foros donde los gobiernos “conciertan” programas y decisiones con los gremios y sindicatos (una idea, entre otros, de Oliveira Salazar).

Este concepto se coló en la Constitución de 1991 por medio de Alfonso Palacio Rudas, un vocero de los cafeteros, con el apoyo de grupos con simpatías corporatistas. Como era de esperarse, después de 1991 proliferaron las leyes que creaban impuestos sobre los productores de una variedad de bienes y les trasladaron cuantiosos recursos a las directivas de numerosos gremios, todo esto, supuestamente, para elevar la productividad, la competitividad y el nivel de vida de los asociados. La experiencia ha mostrado que estas exacciones se han convertido en una de las razones del decaimiento agrícola, pues, sin beneficio alguno para ellos, despojan a los productores de preciosos recursos.

Como lo indicó el ministro Restrepo, con profundo conocimiento de causa, el problema de esta privatización tributaria es que los recaudos en poder de los gremios pueden caer en saco roto, con escasa vigilancia de las entidades de control y, mucho menos, de los contribuyentes afectados.

Ante este problema, hay dos soluciones. La primera, propuesta por el mismo ministro, consiste en introducir una profunda democratización en el gobierno de los gremios (en lugar de elecciones directas de sus jefes gremiales y sus directivas nacionales, hoy en día reinan las elecciones indirectas, controladas desde el nivel central, con frecuencia, con alta influencia de la política) y un reforzamiento de los mecanismos de vigilancia y control (un objetivo utópico por las dificultades para hacerle seguimiento al destino de estos recursos). La segunda consiste en olvidar las ideas corporatistas y, simplemente, acabar con la parafiscalidad. Cuando eso suceda, las contribuciones gremiales tendrán que ser voluntarias únicamente, y los gremios se verán obligados a hacer esfuerzos para atraer y atender a sus afiliados por medio de buenos servicios. El Gobierno, en ese momento, de acuerdo con los planes y proyectos de investigación y extensión agropecuaria, deberá asignar recursos públicos, provenientes de los impuestos generales, para financiar valiosos bienes públicos de interés general y beneficio sectorial. Este sería un avance notable en la modernización del país.

 

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