Por: María Elvira Samper

Con las alas recortadas

Nada más dramáticamente sintomático de la mala salud de una democracia que el hecho de que periodistas tengan que andar en carro blindado y con escoltas, pues la esencia del periodismo es ser libre e independiente, y un periodista que se ve obligado a vivir protegido por hombres armados es como un pájaro con las alas recortadas.

 En Colombia, cerca de 100 comunicadores viven y trabajan en esas condiciones, la libertad de prensa está bajo permanente amenaza y ejercer el periodismo, ese que fiscaliza y denuncia, que investiga y pisa callos, que defiende el interés público y desnuda las redes clientelistas y mafiosas, que se alinea de lado de las víctimas y de los más vulnerables, que no hace concesiones, ni se arrodilla, ni se vende, ni se deja manipular por el poder, es un oficio de alto riesgo, sobre todo en regiones con fuerte presencia de grupos ilegales.

Según la Fundación para la Libertad de Prensa, el año pasado se registraron 158 casos de agresiones directas contra periodistas —la cifra más alta en los últimos cuatro años—, y este ya contabiliza un atentado contra la vida del periodista de Semana Ricardo Calderón, el asesinato de Alberto Lázaro, director de la emisora Planeta de Cali, amenazas contra ocho comunicadores de Valledupar y un plan para asesinar al periodista Gonzalo Guillén y a los investigadores León Valencia y Ariel Ávila, quienes —lo mismo que Calderón— hoy son símbolo de coraje, de valentía y de no autocensura en un ambiente enrarecido donde campea la impunidad. Va para ellos un mensaje de solidaridad y de admiración por no claudicar y perseverar en la investigación de oscuras realidades como la parapolítica, las alianzas de élites políticas locales y miembros de la Policía con el crimen organizado, la penetración de estructuras criminales en las instituciones públicas, en zonas donde son débiles y hacen carrera la corrupción y los negocios ilícitos como el contrabando y el tráfico de armas y de drogas.

Es el caso de La Guajira, donde una administración mafiosa ha impuesto la ley del terror, y donde el periodismo y la opinión están secuestrados o sometidos por miedo a su controvertido gobernador, Juan Francisco Gómez Cerchar, cuyo historial incluye denuncias formales por el asesinato de Yandra Brito, exalcaldesa de Barrancas —quien lo acusó del homicidio de su esposo—, y de La Chachi Hernández Sierra, hija de la líder de los wayuu en Maicao, Francisca Sierra; investigaciones por peculado y prevaricato; expedientes que lo vinculan con grupos paramilitares y una masacre; testimonios que lo señalan como determinador de varios homicidios y como aliado de Marcos Figueroa, jefe de una banda que controla buena parte del narcotráfico en el departamento y en el norte del Cesar, y que lo comprometen con el contrabando de gasolina y el tráfico de droga y lo sindican de manejos irregulares de las regalías del Cerrejón.

Un prontuario que salió a flote gracias a las investigaciones de Semana —en asocio con Verdadabierta.com— y de la Corporación Nuevo Arco Iris cuando de ella hacían parte Valencia y Ávila, y sobre el cual callan por miedo en el departamento. Un historial tenebroso que abre interrogantes sobre las razones por las cuales el gobierno central y la justicia no han actuado, y que alimenta la hipótesis de que Gómez sería el cerebro detrás del macabro plan para asesinar a los dos investigadores y a Guillén, que adelantaba una investigación para un documental sobre contrabando de gasolina y tráfico de droga en La Guajira. El caso exige acciones rápidas y concretas de la Fiscalía, la Procuraduría y el Gobierno. No más la retórica de las investigaciones exhaustivas, no basta la condena de las amenazas y la violencia. No más impunidad.

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