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Juan Pablo Ruiz Soto 21 Mayo 2013 - 11:00 pm

Contraloría vs. mineros: controversia y evidencias

Juan Pablo Ruiz Soto

La contraloría de la República (CGR) en mayo de 2013 publicó, bajo la dirección del reconocido economista Luis Jorge Garay, el libro Minería en Colombia. Fundamentos para superar el modelo extractivista, un estudio construido con aportes de importantes académicos e investigadores de prestigio nacional.

Por: Juan Pablo Ruiz Soto
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La publicación de la CGR ha generado una fuerte reacción de la Asociación del Sector de Minería a Gran Escala, de la cual forman parte las grandes empresas, la Andi (Cámara Asomineros) y la Cámara Colombiana de Minería, entre otras. Según su comunicado de prensa, emitido el pasado 10 de mayo, el documento dirigido por el doctor Garay contiene varias imprecisiones, que ellos prometen aclarar. Dicen que el documento se refiere a impactos de la minería ilegal y que es sólo una opinión unilateral que no retoma las cifras del Gobierno Nacional, ni las de la propia industria.

La reacción de los académicos no tardó. En un comunicado de prensa emitido el 19 de mayo desde la CGR, los autores señalan que el estudio se basa en datos oficiales (DIAN, DANE) y de las mismas empresas mineras. Es claro que se trata de un documento técnico con rigor académico y referencias muy precisas. Sus autores analizan los impactos de la minería a gran escala, especialmente la relacionada con carbón, oro y níquel, e incluyen estudios de costos asociados a impactos ambientales y sociales. El libro presenta la distribución de las rentas mineras reales entre las empresas y el Estado, concluyendo que la importancia de la minería en el PIB no se refleja en los insuficientes aportes del sector a las finanzas públicas. El monto de las regalías es muy bajo en relación al nivel de extracción.

Los dos comunicados convocan al debate público, diferenciando las actividades ilegales de las legales, y éstas de la explotación de hidrocarburos. Sin duda, la minería ilegal debe dejar de existir. Por su parte, la legal debe desarrollarse siguiendo acuerdos entre el Gobierno y los mineros que sean conocidos por la ciudadanía, de manera amplia y precisa, incluyendo contabilidad, declaración de renta y pago de impuestos.

El carbón que salió por Santa Marta ya no retorna, ni retorna el níquel que salió de Cerro Matoso. Los recursos mineros no son renovables y su extracción debe beneficiarnos a todos. Aunque la actividad minera tenga como efecto un aumento del PIB, los colombianos en general participamos poco de este incremento; por el contrario, en muchos casos asumimos los efectos negativos del impacto ambiental y social de las explotaciones mineras. Debe aumentar el control estatal y social sobre la actividad minera y el monto de las regalías y los impuestos a las actividades mineras deben incrementarse.

Poseer recursos mineros no es una maldición. Es una oportunidad para generar beneficios públicos y privados, y realizar inversiones en procesos productivos sostenibles y formación de capital social, abriendo camino para un desarrollo sostenible.

Los argumentos de los autores del libro me parecen convincentes. Encuentro en ellos un trabajo investigativo de calidad y una visión del problema minero que al país le conviene conocer. Se abre una puerta para un debate transparente sobre el problema de la minería en Colombia. Esperemos que los mineros presenten contraargumentos de peso, o reconozcan que carecen de ellos y se realicen ajustes.

  • Juan Pablo Ruiz Soto | Elespectador.com

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