Por: Fernando Galindo G.

La captura del Estado por el negocio de la salud

La Comisión Primera del Senado programó el 14 de mayo una audiencia pública para ilustrar los proyectos de una ley estatutaria que desarrolle el derecho a la salud, consagrado en la Constitución.

Participaron diversos actores del sector caracterizados por posiciones encontradas sobre la Ley 100: los partidarios de mantener la intermediación de las EPS y los que consideran que éstas deben desaparecer del sistema de salud de los colombianos.

Aprovechando la invitación del senador Juan Manuel Galán para intervenir en la audiencia, mencioné el concepto de “captura del regulador”, acuñado por el Nobel de Economía George Stigler en los años 70, aplicable a las entidades estatales, susceptibles de ser influenciadas por el poder de las empresas en las que se delegó la administración de los servicios, que son responsabilidad obligatoria del Estado.

El fenómeno mencionado por Stigler describe que la agencias estatales reguladoras, en lugar de defender el bien común de los ciudadanos, terminaron favoreciendo los intereses de las empresas privadas que deberían vigilar. Lo ocurrido en los pasados 20 años con la Ley 100 es un vergonzoso ejemplo del contubernio del Estado con la privatización descontrolada de la salud, que ha producido proporcionalmente tantas víctimas como el conflicto armado.

Los indicadores comparativos de la morbimortalidad de los colombianos confirman el fracaso de la Ley 100. Las consecuencias de este descalabro fueron anticipadas por quienes advirtieron en 1993 que dicha ley no lo era de salud, sino del sector financiero. La captura del Estado se generó desde la legislación que convirtió el derecho a la salud en un lucrativo negocio. Así lo reconoció el presidente Santos al radicar los proyectos para reformarla, el pasado mes de marzo: “Lo que hoy tenemos nació mal, desde un principio nació mal y es parte del problema fundamental que tenemos en el sistema”.

La avalancha mercantilista desvirtuó la misión del Ministerio de Salud, para forzarlo a funcionar como un inspector complaciente del aseguramiento privado y, por ocho años, en el híbrido de la Protección Social. Se perdió la rectoría de la salud pública y de la atención primaria, ejes fundamentales del posicionamiento nacional en salubridad a nivel continental.

La captura continuó con la Superintendencia Nacional de Salud. Un funcionario avaló la apropiación de $600.000 millones por la EPS Saludcoop, provenientes de los dineros públicos aportados por los colombianos. La corrupción administrativa contagió a otros funcionarios reguladores que negociaron los recobros al Fosyga y los sobrecostos de los medicamentos, como lo demostró la Federación Médica Colombiana. No se escapó de la captura el órgano legislativo, denunciado en dos oportunidades por el periodista Daniel Coronell, con las columnas “Un congresista a sueldo”, basadas en correos detectados por la Contraloría a la intervenida Saludcoop. La plétora de la captura del Estado se alcanzó con la declaratoria de la emergencia social del segundo gobierno de Uribe, ante la amenaza de quiebra de EPS agremiadas por Acemi. Como la iliquidez de la salud no obedecía a fallas coyunturales sino estructurales (el despilfarro de los aportes de los afiliados por estas intermediarias financieras), se cayó tal emergencia.

Los proyectos de ley estatutaria y ordinaria presentados por el Gobierno deben erradicar definitivamente las inequidades mencionadas y ordenar que las EPS, antes de desaparecer, le devuelvan al sistema de salud el patrimonio construido con los recursos aportados por todos los colombianos.

 

* Fernando Galindo G.

Buscar columnista