Por: Julio César Londoño

El milagro de Angelino

La prensa acaba de darnos la buena nueva: Colombia salió de la lista negra de la OIT.

El ministro Rafael Pardo explicó que se trata de “un reconocimiento a la libertad sindical, el derecho de asociación, la negociación colectiva en los sectores público y privado, así como el respeto a los derechos humanos de quienes ejercen la actividad sindical en el país”.

Sobra decir que el reconocimiento es cínico y que las palabras del ministro no resisten el más somero análisis.

Afirmar que en Colombia se respetan los derechos humanos de los sindicalistas es desconocer que, si bien los asesinatos de sindicalistas han disminuido en los últimos años, comparados con las cifras de la era Uribe, el país sigue teniendo una de las tasas más altas de la región en este penoso ítem. La actividad sindical está amenazada hoy por un variopinto club de pistoleros patronales, “bacrimes” y guerrilleros. Hay que ser tan carepalo como Pardo para afirmar que en Colombia existe negociación colectiva en el sector privado. Aquí la empresa privada “legisla” de manera unilateral, o pone al Congreso a que desmonte los parafiscales, a que decrete que las horas extras se paguen como ordinarias, a que autorice formas infames de explotación, y en diciembre los sabios discuten si el salario mínimo se incrementará en 3,43 o en 3,42 centavos, y todo con el nobilísimo pretexto de incentivar la creación de empleo.

La buena calificación de Colombia por los analistas de inversión internacionales no se debe a la redondez de los huevitos de Uribe ni a la genialidad de la administración Santos sino a una cosa pérfida que recibe el nombre de “flexibilización laboral”. Este eufemismo consiste, amén de las bellezas del párrafo anterior, en alcahuetear la tercerización, una figura mediante la cual las empresas se desentienden de las obligaciones con sus trabajadores, que pasan a ser empleados de una empresa de papel, un contratista al que nuestra laxa legislación le permite reclutar personal saltándose obligaciones laborales, trapisonda que les deja al empresario y al contratista jugosas ganancias.

La tercerización es una plaga que afecta desde mineros hasta médicos. El servicio de una auxiliar de enfermería prestado vía tutela, le cuesta al Fosyga $1’617.000 mensuales, pero el contratista sólo le paga a la enfermera $867.000 mensuales (incluidas las prestaciones). El resto se lo embolsillan las EPS y los contratistas. A estas enfermeras se las “vincula” por orden de prestación de servicios durante cuatro meses, luego se las bota a la calle durante dos meses y las vuelven a reclutar por otros cuatro meses para eludir obligaciones contractuales de ley.

A los profesores hora-cátedra les sucede otro tanto. Firman contrato por “semestres” de cuatro meses, lo que significa que están desempleados cuatro meses al año. Las cooperativas de trabajo asociado, que reclutaban corteros, albañiles, mensajeros, vigilantes, aseadoras, telefonistas, etc., y que fueron prohibidas por el decreto 2025 de 2011, ahora se llaman “agencias de servicios temporales”, unos intermediarios que explotan la miseria de manera permanente. Cómo logró Colombia, entonces, salir de la ominosa lista negra de la OIT? Fácil: Angelino Garzón, devoto del Señor de los Milagros y adalid de los obreros, interpuso sus buenos oficios ante la organización y logró el milagro. ¡Y luego dicen que los “vices” no sirven para nada!

Con una informalidad superior al 50%, y con una “formalidad” tan miserable como la descrita aquí, hablar de paz, de movilidad social, de competitividad y firmar tratados de comercio a dos manos, no pasan de ser chistes macabros.

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