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María Elvira Samper 29 Jun 2013 - 11:00 pm

Protestas legítimas y reacción tardía

María Elvira Samper

COMO SI SE TRATARA DE UN REFLEJO condicionado, el gobierno de Santos reacciona siempre de la misma forma frente a las protestas. “Están infiltradas por las Farc”, es la respuesta automática con la que pretenden estigmatizar toda protesta ciudadana —expresión legítima del descontento social que se manifiesta por las vías de hecho cuando fracasan los canales institucionales— y es la forma de justificar el uso de la fuerza para reprimirla. Lo vimos con las movilizaciones campesinas del Catatumbo, que han dejado ya cuatro muertos y numerosos heridos.

Por: María Elvira Samper
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    http://www.elespectador.com/opinion/columna-430800-protestas-legitimas-y-reaccion-tardia
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¿Blancos legítimos por aquéllo de la infiltración de las Farc y de que, como anota Marta Ruiz en su columna de Semana.com., para los militares cultivadores de coca y milicianos de la guerrilla son lo mismo?

La persistencia del conflicto interno alimenta ese tipo de argumentos e impide reconocer —aun si es cierto que las Farc instigan las movilizaciones— que éstas son consecuencia de la incapacidad del Estado para responder a reclamos por largo tiempo insatisfechos, y el incumplimiento de promesas para atacar los graves problemas sociales y económicos que afectan a una región que, como el Catatumbo, resume todos los factores del conflicto, y en la que confluyen toda suerte de intereses legales e ilegales.

Desde hace más de un año (abril de 2012), el presidente Santos viajó a Tibú con su gabinete para conocer la grave situación de esa zona, y entonces ofreció el oro y el moro: vías, adjudicación y recuperación de baldíos, electrificación rural, viviendas de interés prioritario, planes de educación y salud… Pero de esta amplia oferta muy poco se ha hecho realidad, y por ahora el resultado concreto de las promesas ha sido una mayor militarización de la región. Por algo el gobernador Édgar Díaz —no propiamente agente de las Farc— ha dicho en varias ocasiones que es hora de pasar de la retórica a los hechos.

Campesinos y colonos no protestan simplemente por influencia de las Farc. Protestan, porque no aguantan más el olvido del Estado que los ha dejado a merced de los violentos y que, ante la falta de oportunidades y de planes para incentivar la producción agrícola tradicional y la ganadería, en la práctica los ha obligado a cultivar coca, actividad castigada por la ley y cuyo control se disputan guerrilla y bandas criminales. Protestan por los planes de erradicación —detonante de las marchas— y la falta de alternativas prácticas y realizables en el corto plazo para la sustitución de cultivos. Protestan porque la presencia más fuerte del Estado sigue siendo de camuflado y con fusiles.

Los campesinos tienen razón en las protestas y el Gobierno hace mal en deslegetimarlas con el argumento de la infiltración de las Farc, pues aun si es cierto, el problema de fondo es otro —y muy viejo—, y reclama soluciones prontas y concretas para miles de familias que no tienen más medios de susbistencia que la coca. Mientras tanto, en la región pelechan contrabandistas y narcotraficantes y avanzan megaproyectos de palma aceitera, y la presencia de las multinacionales en una zona declarada es estratégica para la explotación minero-energética. La crisis demostró, una vez más, que el Gobierno —como todos los gobiernos— reacciona tarde, cuando la gente, indignada, recurre a las vías de hecho. Pero ahora que Gobierno y campesinos buscan concertar soluciones, se abre una ventana de oportunidad, para que éstas se conviertan en una especie de laboratorio de lo que se discute en La Habana.

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