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Aparte de los Sarmiento, los Eder, los Caicedo, los Dávila y demás familias de millonarios locales, existe en Colombia una segunda oligarquía, más numerosa así sus cuentas bancarias no sean tan abultadas como las de la primera. Hablo de la oligarquía de los trabajadores formales. “¿Cómo así? ¡señor, no ofenda!” Como suena: rara que es la vida, la izquierda en países como este atenta contra las posibilidades de empleo de las mayorías, mientras favorece a unas minorías. No hay peor ciego que el que no quiere ver.
La idea no es abaratar el trabajo, sino pagar a los trabajadores la mayoría de los beneficios directamente desde el Estado. Cuando se recargan las nóminas, la informalidad se dispara. Cierto, en el pasado una derecha recalcitrante propuso reducir los derechos laborales adquiridos y punto. Pero existe una obvia alternativa aplicada con éxito en países con Estado de bienestar, como Dinamarca, que aquí, platanizada, funcionaría muy bien: quitarles de encima a los empresarios en líos la obligación de profundizar sus problemas mediante impuestos inflexibles que vienen camuflados en la nómina, al tiempo que quienes no tienen estos problemas pueden pagar más para así financiar por cuenta del Estado la gran mayoría de los beneficios que hoy tiene la gente. Dichos impuestos por obvias razones recaerían sobre los individuos prósperos, no sobre las empresas.
Según un muy citado estudio del Grupo de Análisis del Mercado Laboral (Gamla) del Banco de la República, la reforma que propone el gobierno podría costar 450 mil trabajos formales. Las estadísticas y los análisis económicos no son inventados. La reforma laboral en últimas se basa en la vieja política de descargar el problema sobre las espaldas de los empresarios e irá en el estricto sentido contrario a sus presuntas intenciones. La informalidad se concentra sobre todo en las microempresas, en las cuales alcanza la cifra demente del 85 %. En ellas, sin embargo, también se concentra la mayor parte de la generación de empleo, de modo que la reforma es desatinada por punta y punta.
Demos ejemplos. El Estado podría hacerse cargo de un seguro de desempleo generoso, proporcional al tiempo trabajado, relevando al empleador de consignar las cesantías todos los años y reduciendo el absurdo monto de las indemnizaciones que hoy son obligatorias. La pregunta más pertinente al respecto es por qué para la izquierda son por tradición inviables las responsabilidades directas del Estado en la ayuda a los trabadores y por qué se piensa que recargar las nóminas es preferible. ¿Nadie les ha contado que en los pagos directos se pueden hacer trucos, los cuales son mucho más difíciles cuando hay que tratar directamente con la DIAN?
Por si acaso, el sistema danés de la flexiseguridad es socialdemócrata, o sea una idea de izquierda. Allá el Estado se hace cargo del seguro de desempleo, de la mayor parte de las indemnizaciones, de los reentrenamientos, obviamente pagando todo eso con impuestos, pero los empresarios casi no tienen recargos a la nómina, y son libres de despedir a cualquiera. No hay informalidad. O sea que todo salario danés es lo que aquí se llama “integral”. Ojo que con algo así se podría aumentar de forma paulatina el salario mínimo.
En fin, sin formalización, todo lo demás se derrumba, por ejemplo, las perspectivas de tener pensión a futuro. Lo que falta en Colombia, en cambio, es una izquierda valiente.