Coincidencia

La mansión tiene piscina, mil cien metros construidos y media hectárea en Malabar, la zona más costosa de Pereira y quizá del Eje Cafetero. Aunque la licencia y construcción fueron gestionadas en 2021 por la empresaria Sara Moreno Castrillón en un lote de su propiedad, los planos figuraban con los apellidos de Carlos Felipe Córdoba, entonces contralor general, y su esposa, Marcela Yepes. Aquello despertó la curiosidad de veedores y periodistas.

A dos años de una investigación donde colaboré detallando las inconsistencias que rodearon el traspaso de esa propiedad al excontralor y su esposa, pues no se declaró en la escritura pública la existencia de la mansión, el tema revivió por una larga nota del portal Agencia PI con entrevistas a Córdoba y a la empresaria Moreno Castrillón.

Córdoba negó su campaña por la Procuraduría, pero líneas después se contradijo, quejándose de que hay interesados en dañar su reputación con la historia de la mansión porque les “incomoda tanto que un humilde pereirano, montañero y provinciano suene [...] para un cargo nacional”.

El periodo del humilde montañero como contralor se recuerda por un politizado fallo que socavó la aspiración presidencial de Sergio Fajardo, por el presunto saqueo a medio billón del OCAD-Paz, del que no se enteró, y por las 39 visitas del corrupto Mario Castaño al edificio donde quedaba su oficina.

Resulta que la construcción de su mansión en Pereira la llevó a cabo el arquitecto costeño Aly Said Carmona Tom. Lo que no contó Agencia PI, pues no se había revelado, es que Carmona era socio de la empresa GR Hoteles, subsidiaria del Grupo Rivera, que es megacontratista de la Fiscalía y la Contraloría.

El Grupo Rivera pertenece a Albeiro Rivera, quien ganó un contrato de asignación directa por doce mil millones de pesos en 2021 para vender un edificio en obra negra a la Contraloría en Pereira y adecuarlo como nueva sede.

Rivera, que tenía un pequeño negocio de ropa con cinco empleados a finales de los ochenta, se convirtió en hombre fuerte de la construcción en Risaralda, aunque en el intermedio adquirió en 2004 una empresa de cueros llamada CALZAR LTDA, que pertenecía a las señoras Rosa Isabel, Beatriz y Ángela Marulanda Trujillo, y después figuró a su nombre.

Ellas son hermanas del poderoso narcotraficante Fernando Vicente Marulanda Trujillo, “Marulo”, capo de capos de la mafia pereirana desde los ochenta y socio de criminales como “Jabón”, Iván Urdinola o “Patemuro”.

“Marulo” fue extraditado a los Estados Unidos, donde murió hace tres años de COVID-19 en una correccional de Nueva Jersey. Su hijo resultó detenido meses atrás en Pereira en un proceso por narcotráfico con audiencias reservadas. Un sobrino también fue extraditado por vínculos con Carlos Mario Jiménez “Macaco” y a la señora Rosa Isabel Marulanda le incautaron en 2021 un apartamento que entró al proceso de reparación de las víctimas del Bloque Central Bolívar de los paramilitares.

En su defensa, el contratista Rivera puede afirmar que las hermanas Marulanda son damas muy prestigiosas en la sociedad local y no le faltará razón. Igual lo fue el mafioso “Marulo”, visitante del Club del Comercio y figura de la élite pereirana, donde es normal que aparezca un narco en cualquier familia, sin que eso demuestre relación con la mafia.

Hecha tal claridad, documentos filtrados a El Espectador prueban que Rivera construyó una bodega en compañía con Gustavo Adolfo Lozano y Hernán Alberto Marín Rincón, este último señalado socio de una red trasnacional de préstamos ilegales de “gota a gota” y lavado de activos del narcotráfico.

Además, le compró una finca a la esposa de Luis Delio López “Leto”, famoso por desarrollar un método para exportar cocaína mezclada con cemento, abono o aceite de palma. “Leto” se entregó en 2015 y acabó condenado en los Estados Unidos a tres años de cárcel en lo que debió ser una negociación, pues lo juzgaron con un viejo indictment de 1990.

Aquella finca, que Rivera adquirió en 2012 por 350 millones de pesos, la vendió en 2015 tres veces más costosa a Sara Moreno Castrillón, la misma empresaria con la que arrancó esta historia.

Es una desafortunada coincidencia que el arquitecto y la empresaria mantengan relaciones comerciales probadas con el constructor Rivera, favorecido por un contrato directo de doce mil millones con recursos de la Contraloría, justo en el año que se construyó la mansión.

Lo que no coincide es la versión de cada uno.

Rivera aseguró que el arquitecto no era su socio, sino que le pagaban por servicios puntuales, y aquello parece falso, pues Aly Said Carmona Tom figura en los papeles constitutivos de GR Hoteles, la empresa del Grupo Rivera que construye el hotel Hilton de Pereira.

Contactada por El Espectador, la señora Moreno se negó a aportar facturas y soportes que demostraran que ella había costeado la mansión. Ahora le dijo a la Agencia PI que cuando empezó a construir lo hizo para vivir allí y luego, con la casa a medias, se le ocurrió intercambiar la propiedad con el excontralor y su esposa. Lo extraño de su versión es que en los planos de la licencia urbanística figuraban desde el comienzo los apellidos Córdoba y Yepes.

Marcela Yepes dijo que había contratado al arquitecto, después sostuvo que fue la señora Moreno. Y el arquitecto, a su vez, contó que supo para quién sería la mansión con la obra ya avanzada, agregando que conoció a Sara Moreno a través de Albeiro Rivera.

El excontralor ratificó a la Agencia PI lo que su esposa explicó hace dos años a El Espectador: que la mansión fue pagada con el fruto de su trabajo, sumando un crédito y otra propiedad que intercambiaron con Sara Moreno. El acuerdo, aseguran, siempre fue que ella entregaría esa casa en obra gris.

Grises son los pasadizos de la política. Tras supuestas reuniones con exmagistrados de la Corte Suprema y el presidente del Senado, Iván Name, personas cercanas al Partido Liberal contaron a este reportero que Córdoba colaboró con el menudeo y el lobby legislativo para las reformas del presidente Gustavo Petro. Una maniobra, explicaron, con el propósito de que el Gobierno no se atraviese a su eventual candidatura a procurador.

“Hoy claramente no hay aspiración a la Procuraduría [...] A mi familia no le gusta que yo vuelva al sector público”, respondió Córdoba cuando le hablé del tema, negando de plano que hubiera ayudado al Gobierno: “están inventando, yo no estoy en ninguna de esas tareas”.