Venezuela y el diálogo social

La defensa de una ideología debe tener algunos resultados que la validen. Pero en el caso del socialismo del siglo XXI, impulsado por el Foro de São Paulo (FDSP), el balance es malo y dramático.

Miremos a Venezuela. Según ENCOVI, “los niveles de pobreza y desigualdad nos han ubicado en posiciones inimaginables en otro tiempo, en el contexto de América Latina y del mundo”. De hecho, en los últimos siete años Venezuela pasó de tener una pobreza del 30 % a un 96 % y un índice de pobreza extrema o miseria del 80 %. En seis años, el PIB venezolano cayó un 70 %. Según el WFP, más del 60 % del territorio califica como en condición de emergencia severa o de hambruna catastrófica. En el gobierno de Maduro, la inflación acumulada solo entre enero del 2018 y enero del 2019 fue de 2′688.670 % y entre los años 2013 y 2019 fue de billones. La destrucción productiva es dramática: un informe de Economía y Negocios hablaba de más de 500.000 empresas cerradas, derivando en un desempleo sin igual en América Latina. La principal fuente de ingresos estatales, el petróleo, paso de 3,7 millones de barriles en su pico más alto a menos de 340.000 barriles en el 2020. Las ciudades son sometidas a continuos racionamientos de energía y agua, a duras penas hay algo de servicios de salud. Ni hablar de la seguridad: para defender su cleptocracia impulsaron los colectivos chavistas, grupos armados por el mismo Estado que junto con la crisis económica convirtieron a Venezuela en el país más violento de América Latina.

Para contener el desastre, el gobierno de Maduro ha recurrido a una masiva violación de los DD. HH. El informe de más de 400 páginas de la ONU, presentado por la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, comprende una cadena de torturas, asesinatos y desapariciones forzadas realizadas por el Estado, así como expropiaciones y violaciones al Código Penal.

En el caso colombiano, el FDSP y sus partidos afines están propugnando una ideología de deconstrucción, odio, lucha frontal contra la empresa y libertades, basados en una supuesta superioridad moral que no está respaldada por hechos. Hablan de defensa a la vida, pero sus adeptos han dejado una estela de muerte y destrucción, y ahora que nuestros líderes sociales están siendo eliminados por bandas de economías ilegales, culpan al Estado por no protegerlos, pero no señalan a los principales victimarios. Asumen la defensa del agua para prohibir la minería, pero callan el crimen ambiental que ellos generan con la minería ilegal, con el vertimiento de sustancias tóxicas al procesar la hoja de coca y con los atentados a los oleoductos cerca de los ríos. Se declaran ambientalistas, pero guardan silencio frente a la deforestación en parques nacionales para la siembra de cultivos ilegales.

Basta preguntarles a los hermanos venezolanos que encontramos a diario si la ideología que en su momento los emocionó produjo empleo y prosperidad o solo miseria. Como colombianos tenemos que unirnos alrededor del diálogo social incluyente, para tender puentes, llegar a acuerdos y, sobre todo, para unificar visiones alrededor de la esperanza y la defensa de las libertades y la democracia. Las uniones alrededor del odio solo producen miseria, como en Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros.