:format(jpeg)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elespectador/24c6dc9b-7a53-4316-87fd-eaca85d91eed.png){kind=small}
Sobre el “caso del 8 de diciembre”, la Quadrature du Net -organización de la sociedad civil francesa- cuenta que es un proceso judicial contra siete personas acusadas de algo así como “asociación con fines terroristas”. El juicio iniciará en octubre y en él la policía francesa intentará mostrar cómo el uso de herramientas y servicios cifrados son pruebas de la acción clandestina y conspirativa de estas personas.
En su blog la Quadrature du Net explica que las siete personas rechazan las acusaciones de terrorismo, denuncian que se trata de un juicio político -por sus ideas de izquierda-, con una investigación arbitraria y que no tienen pruebas. Afirman que en la era digital el expediente incluye muchas pruebas digitales de las actividades y el comportamiento de estas personas y que a pesar de ello no consiguen incriminarlas, por lo que insisten en que sus buenas prácticas de seguridad digital y privacidad son “sospechosas”.
Este caso ya tiene dos condenas contra el Estado francés durante 2023. La primera por el aislamiento ilegal de Florian D y la segunda por las requisas abusivas, repetidas e ilegales durante la detención de Camille. La Quadrature du Net señala que la policía reconoce que tras diez meses de vigilancia intensiva no identificaron ningún “plan preciso”, es como si la policía quisiera decir que “las pruebas existen, pero no los dejan acceder a ellas”, puntualiza esta organización.
La investigación recogió mucha información de estas personas. La Quadrature du Net indica que solicitaron datos en poder de la administración pública, consultaron archivos administrativos (como los de licencias de conducción), archivos policiales y registros telefónicos. Pidieron los datos personales en poder de empresas (como Air France, Paypal, Western Union, etc.) y revisaron sus cuentas bancarias. Además realizaron escuchas en locales privados, hubo interceptaciones telefónicas y geolocalización en tiempo real con GPS, celulares e IMSI catchers. A pesar de esto, insisten en que ocultan algo porque cuidan sus comunicaciones digitales.
El caso es bien complejo y en muchos aspectos no tengo la capacidad para analizarlo, pero sí puedo hablar del ángulo sobre el que pone la lupa la Quadrature du Net, es decir, verlo como un ejemplo del embate contra el cifrado con la excusa del terrorismo.
En un mundo en transformación digital no es posible pensar en la banca en línea o en herramientas para comercio digital o en la provisión de servicios como los de salud, sin un cifrado confiable, mucho menos ser periodista o defensor de derechos humanos. El cifrado no solo es legal, sino que es deseable y necesario. Sin embargo, con demasiada frecuencia -y de forma contradictoria- la policía le achaca la responsabilidad de que no pueda hacer bien su trabajo, de no atrapar a los delincuentes, de que queden libres los terroristas y por tanto pide poder eludirlo para acceder a la información que protege -recuerden las discusiones después del 11 de septiembre en Nueva York o del 2015 en París-. De eso va este caso, pero además va también de hacer sospechosas a las personas solo por usarlo.
La siguiente es una lista de prácticas que nos cuenta La Quadrature du Net, han sido presentadas en el juicio como pruebas de “clandestinidad” y de “sospecha” de conductas terroristas: el uso de aplicaciones de mensajería privada cifrada como Signal, WhatsApp, Wire, Silence o ProtonMail; de herramientas para proteger su privacidad en Internet -como VPN, Tor o Tails-; servicios como /e/OS, LineageOS, F-Droid para evitar la explotación de datos personales por las grandes plataformas como Google o Meta; contar con dispositivos digitales cifrados; asistir y participar en sesiones de formación sobre seguridad digital; y poseer documentación técnica para usar software libre.
Esas prácticas justificaron las escuchas durante la investigación y fueron el centro de decenas de preguntas en los interrogatorios. Las buenas prácticas de seguridad digital y de protección a la privacidad fueron identificadas y leídas por los investigadores como conductas clandestinas y transformadas por los jueces, que han estado hasta ahora involucrados, en pruebas de conspiración.
A algunas de las personas sospechosas se les recrimina haber instalado Linux en sus computadores, porque tenían la documentación necesaria para hacerlo y porque luego cifraban el disco duro. Parecen sugerir que aprender sobre seguridad digital hace sospechosa a una persona, pero también enseñarla, pues a otra persona se le acusa de dar entrenamiento sobre Tails. Ninguna de las autoridades dentro del proceso menciona que ni las herramientas ni las prácticas que parecen condenar no sólo son legales, sino que ellas mismas las recomiendan..
Este caso es parte de la respuesta a las protestas que ha sufrido Francia durante los últimos años, y en ese contexto, puede verse más como una reacción angustiosa del Estado por el control del orden público que como una juiciosa persecución del terrorismo. Algo de eso se ve en la página web de quienes apoyan a las personas incriminadas.
Este juicio debería hacer reflexionar a la sociedad sobre el hecho de que se etiqueten herramientas y servicios necesarios para el ejercicio de derechos como sospechosos, herramientas cotidianas en la era digital para millones de personas, Estados y negocios alrededor del mundo. Si usarlas hace sospechosa a las personas, pues son pruebas de clandestinidad y conspiración, millones estaríamos bajo sospecha y sobre todo lo estarían quienes tienen experticia en seguridad digital.
Es como si no hubiéramos aprendido nada sobre los “índices de libros prohibidos” (listas de libros censurados), ahora tendremos índices de herramientas tecnológicas. Esto es como si nos dijeran que en el mundo digital no podemos cerrar las cortinas, tampoco aprender ni enseñar a hacerlo debidamente, porque eso convierte esa actividad en sospecha de delito. Es absurdo. Este caso lleva el argumento “del que nada debe, nada teme” a extremos, cuando lo válido es que “toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario”.
Hago eco de la carta abierta publicada en Le Monde por un colectivo de activistas, universitarios, abogados y representantes de organizaciones y empresas del mundo digital (como Signal, Tor o Protonmail) que cierra indicando: “Apegados a las libertades fundamentales, defendemos el derecho al cifrado de las comunicaciones… rechazamos que los servicios de inteligencia, los magistrados o los funcionarios de la policía puedan criminalizar nuestras actividades por ser sospechosas. Seguiremos luchando para un mundo digital emancipador, libre y descentralizado con el fin de construir una sociedad más digna para todas y todos. La defensa del cifrado es una defensa por un futuro justo y equitativo”.