COVID-19 se suma a los grandes retos de la reincorporación exguerrillera

Por: Nicolás Andrés Uribe Rivera* - Twitter: @N_A_U_R

Todas las poblaciones alrededor del mundo están viviendo la emergencia generada por el COVID-19 y las personas excombatientes de las antiguas FARC-EP no son la excepción. De cara a esta coyuntura, líderes e integrantes de los equipos técnicos de los proyectos productivos de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Icononzo en el Tolima, Pondores en la Guajira y Colinas en Guaviare consideran que la pandemia pone en riesgo la toma de decisiones colectivas de las cooperativas de los proyectos productivos, así como su comercialización. Para ellos y ellas, la emergencia también puede generar que estas iniciativas pasen a un segundo plano en la agenda de la cooperación internacional, dado que su mirada está girando hacia las necesidades en la atención de la salud.

La continuidad del funcionamiento de estos proyectos productivos es la piedra angular en el proceso de reincorporación económica de esta guerrilla, tal y como quedó establecido en el Acuerdo Final de Paz. Estas iniciativas han pasado diferentes etapas en la superación de barreras de formulación, financiación, acompañamiento técnico e incluso de administración.
 
Después de enfrentar estos retos y dificultades, en los ETCR se han logrado estructurar proyectos de carácter colectivo como tiendas comunitarias, cultivos de guayabas, sastrerías, crías de ganado vacuno y porcino, así como granjas agrícolas, entre otros. El informe más reciente del Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, destacó la aprobación de 1.255 proyectos productivos individuales y 52 proyectos productivos colectivos, estos últimos benefician a 2.544 exguerrilleros, incluidas 695 mujeres.
 
A raíz del COVID-19, los ETCR consultados, al igual que la mayoría, han tomado medidas para la seguridad y salud de los habitantes, incluyendo los integrantes de los proyectos productivos, como el distanciamiento social y la prohibición de reuniones con un número mayor a cinco personas. Al mismo tiempo, han adelantado una pedagogía entre sus habitantes frente a la higiene para la prevención de este virus. Respecto a las personas que no habitan los ETCR, han fijado una restricción de su ingreso. En los casos en que sea imprescindible que entren a estos espacios, se ha designado a un equipo de personas para que laven y desinfecten a los no residentes.

Además del bienestar de los ETCR, lo que más preocupa a los excombatientes líderes e integrantes de los equipos técnicos de los proyectos productivos de los ETCR entrevistados son los retrasos que ha implicado la actual coyuntura en la toma de decisiones colectivas en las cooperativas de cara a los proyectos productivos, las labores de trabajo colectivo y la comercialización, en tanto eslabones de su cadena de valor han detenido o retrasado sus operaciones.

También, surge la inquietud frente al lugar de los ETCR en la agenda pública. Debido al gran problema de salud pública, se teme que tanto los presupuestos y agendas de Gobierno como de la cooperación internacional se transformen, lo que podría generar grandes retrasos en la reincorporación económica y, por esta vía, en la puesta en marcha del acuerdo de paz.
 
Si los ETCR dejan de ser un punto prioritario de la agenda pública, se corre el peligro que se ahonden los retos más titánicos de los proyectos productivos, que no se habían superado antes de la pandemia, siendo el de la propiedad de la tierra y la seguridad los más representativos.
 
La propiedad de la tierra es un desafío que no se escapa a la problemática del campo en Colombia: una muy deficiente titulación, sumada a la problemática jurídica de un número considerable de predios. Si bien se está en el camino de establecer los ETCR como centros poblados y se ha planteado la iniciativa aún embrionaria de priorizar los predios donde se desarrollan los proyectos productivos en el catastro multipropósito, se evidencia que algunas de estas tierras presentan líos jurídicos e incluso la gran mayoría no son propiedad de las mismas cooperativas.
 
En cuanto a la seguridad de excombatientes, incluyendo integrantes activos de estos proyectos productivos, el asesinato de más de 190 también causa temores e incertidumbre del desenlace de los proyectos, la reincorporación y el mismo acuerdo de paz, pues sin ser en este caso una verdad de perogrullo, sin vida no hay proyectos, sin proyectos no hay reincorporación y sin reincorporación no hay la paz. 
 
Sin duda, los proyectos productivos han permitido contribuir con la reconciliación y reconstrucción del tejido social de la vida que caracteriza estos territorios, y como parte de la política pública de reincorporación, se busca que estas iniciativas le aporten al desarrollo territorial, que también puede abarcar la formación técnica y complementaria conectada con estos proyectos. Todo esto solo se puede lograr a partir de la vinculación activa de la comunidad campesina en los proyectos, lo que ha sido una premisa de las personas excombatientes desde la formulación y la implementación de las iniciativas productivas.
 
Para proteger los logros ya alcanzados por los proyectos productivos y evitar que se profundicen los retos que existían previamente a la emergencia por el Covid-19, es imperativo que el Gobierno Nacional y la cooperación internacional, particularmente la segunda misión de verificación de las Naciones Unidas, construyan un nuevo plan que contemple la continuidad de estas iniciativas en medio de esta coyuntura sin precedentes en el país y el mundo.

* Trabajador Social y especialista en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos para el Desarrollo de la Universidad Externado de Colombia.