Potencia de vida y negritudes

El 19 de mayo de 2023, la Ley 2294 le dio vida al Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, “Colombia Potencia Mundial de Vida”. Su Artículo 351 especifica que dentro “…de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno nacional formulará, diseñará e implementará un Plan Integral de Reglamentación e Implementación de la Ley 70 de 1993 [o ley de negritudes]” (238).

Pese a que el logro de este reto es esencial para los pueblos afrodescendientes, la ley original presenta limitaciones que deben ser atendidas. Una de ellas consiste en la tardanza con la cual tuvo lugar el reconocimiento explícito de la gente raizal y palenquera. Para el Censo General de 2005, el proceso de Comunidades Negras y otras organizaciones lograron que el Departamento Nacional de Estadística incluyera a los pueblos mencionados. Así fue posible que pudieran autoidentificarse quienes descendían del encuentro entre cautivos y cautivas hablantes de idiomas Akán de Ghana y Costa de Marfil con los ingleses bautistas y otros europeos que colonizaron a San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Del mismo modo, que se autoreconocieran quienes trazan sus genealogías a las de la gente cimarrona que subvirtió la esclavización al huir y formar palenques o asentamientos fortificados. Se trataba de corregir el subregistro de los censos anteriores que tendían a contar a esas personas, y en general a la gente de ascendencia africana, de manera ambigua como “mestizos”. Así, la invisibilidad estadística obstaculizaba desarrollar los derechos territoriales, políticos y culturales que introdujo la Constitución de 1991, al redefinir a los pueblos indígenas, afros y gitanos como parte integral de la nación. Con todo y esa enmienda, el Afropacífico aún prepondera en la aplicación de la ley de negritudes.

En esa región fluvio-selvática, durante el verano, las mujeres han intercalado el barequeo de oro a la orilla de ríos y quebradas con sus cultivos alimenticios, medicinales y de valor simbólico realizados en los patios de sus casas y en las zoteas o plataformas cercanas a sus cocinas. Con las lluvias, ellas se han unido a otras mujeres y hombres para hacer la “minería compañía” a lo largo de canalones, con la guía de capitanes que también conocen los “montes bravos” o bosques primarios y ofrecen las orientaciones necesarias para el aprovechamiento comunitario de su flora y fauna. Las escrituras colectivas otorgadas al amparo de la Ley 70 de 1993 se ajustan bien a esos sistemas polimorfos de producción. Los respectivos consejos comunitarios han logrado tales aprovechamientos sostenibles que el pasado 15 de junio UNESCO reconoció al espacio comprendido entre Tribugá, Cupica y el Baudó como reserva de biósfera de la humanidad. De esa sostenibilidad ambiental también dependen los contratos para la venta de bonos de carbono, opción impensable en el decenio de 1990. Así, el perfeccionamiento de la Ley 70 deberá incluir los medios para ejercer control sobre los llamados “carbon cowboys”, empresarios que, al servir de intermediarios administrativos, comprometen la autonomía territorial que deben salvaguardar los Consejos Comunitarios signatarios de tales convenios internacionales[1]. La extorsión que ejercen los grupos armados también afecta la aplicación de ese mecanismo de salvaguarda del medio ambiente.

Para su óptima aplicación en la llanura Caribe, sería deseable aquilatar esa ley con aquellos dominios colectivos dentro de los cuales han sobresalido las áreas cenagosas y los playones. A esos ámbitos de culturas anfibias diferenciadas de las del Pacífico los han afectado las hidroeléctricas y la expansión particular de empresas agroindustriales y de ganadería extensiva, cuyo funcionamiento, además del destierro violento de los campesinos, han implicado desecar las zonas inundables. Y con respecto al Caribe insular, la gente raizal afianza sus derechos colectivos sobre un espacio quizás menos comprendido desde los Andes y el Pacífico, el “maritorio”, de cuyos bancos de peces han dependido los pescadores del archipiélago y cuyas rutas de acceso deberán ser contempladas y salvaguardadas mediante el perfeccionamiento de la misma ley. Algo similar es necesario con respecto al amparo estatal de la Seaflower, excepcional reserva de biósfera coralina que la Unesco declaró en 2000. A ella la amenazan posibles extracciones no tanto de oro u otros metales preciosos, sino de los hidrocarburos que contiene una plataforma marítima a la cual codicia el gobierno nicaragüense, el cual parece ser menos sensible a la crisis ambiental.

En 1993, San Basilio y San José de Uré eran los palenques reconocidos. Hoy en día esa situación ha cambiado, y en el Caribe la gente afro se reclama descendiente de por lo menos otra docena de asentamientos cimarrones. Los de La Guajira revisten particular interés por la riqueza de la región en viento y exposición solar, fundamentales para los parques eólicos o de celdas solares que protagonizan la transición energética. Sin duda, el antropólogo Weildler Guerra, mediante sus escritos en la revista Cambio y El Espectador, ha demostrado cómo el Estado colombiano ha ganado experiencia en las negociaciones entre las empresas privadas que impulsan esas innovaciones y los cabildos de los indígenas Wayuu que defienden la autonomía territorial de sus resguardos. La irrupción de las comunidades palenqueras en el camino hacia las energías limpias es más bien inédita y requerirá que la reglamentación de Ley 70 de 1993 amplíe sus bases de información historiográfica y cultural, así como el portafolio de opciones de negociación territorial. Esos procesos deben fundamentarse en un refinamiento conceptual y político que parecería incompatible con el unanimismo dentro del cual hoy en día se acoraza el petrismo. Así urge la apertura al diálogo y el consenso.

[1] Los carbon cowboys: los especuladores de los bosques colombianos. Podcast de A fondo de María Jimena Duzán, noviembre de 2021.

* Miembro fundador, Grupo de estudios afrocolombianos, Universidad Nacional. Patronato de Artes y Ciencias.