Por: Alfredo Molano Bravo

Desde Bariloche

En Bariloche, al sureste de Argentina se reunió entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre el Segundo Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y Áreas Protegidas. Fue una reunión en que se escuchó a sabias recomendaciones y exaltadas defensas del medio ambiente. Pero fue también, a trasluz, un respetable tribunal que examinó a conciencia las fuerzas económicas y políticas que amenazan a los territorios protegidos en nuestra América. Se habló claro y mucho.

Coincidiendo con el evento, el ministro Lozano anuncio un "histórico" incremento del 200% del presupuesto del Sistema de Parque Nacionales. Bienvenidos sean esos pesitos, siempre y cuando sean invertidos en la protección ambiental y no en el pago de agentes de inteligencia del gobierno, como yo, mal pensado, creo. La Seguridad Democrática, una política de guerra que complementa la beligerancia verbal del Presidente, subordina todos los programas oficiales. Los guardabosques hoy, por ejemplo, tienen dentro de sus funciones informar a las autoridades todo hecho sospechoso. No se trata de la denuncia de la quema de sabanas y páramos, la extracción de madera sin licencia, la desecación de humedales, sino de todo acto que caiga fuera de lo corriente, subversivo o no. Claro es que defenderse de la subversión es una obligación del Estado, pero es peligroso, y a la larga contraproducente, meter en un mismo saco una cosa con otra. Hace años, a los empleados del Servicio de Erradicación de Malaria SEM que censaban las casas en las zonas campesinas y fumigaban todo sitio donde los mosquitos pudieran anidar, se les asignó, por debajo de cuerda, la misma orden. El resultado fue desastroso: acabó con el programa.

Destaco del Congreso de Bariloche cuatro puntos: Uno, incrementar la protección de los ambientes marinos y de los ecosistemas interiores de agua dulce. Una referencia aplicable a las Islas del Rosario y a los manglares de nuestras costas tanto en el Pacífico como en el Caribe. Las Islas del Rosario, pese a las decisiones del Consejo de Estado, continúan siendo ocupadas y sus playas encementadas. Los manglares, como ha sido denunciado con valerosa insistencia por Rafa Vergara, siguen siendo destrozados para sacar madera de construcción o para hacer carbón vegetal. La Acuavía del Pacífico, que se proyecta entre Tumaco y Buenaventura, facilitará el transporte de madera y así, al exterminio de los bosques que aun sobreviven en esa vertiente. El segundo punto a destacar es la reiteración del respeto que los Estados deben tener con las comunidades étnicas indígenas, negras y campesinas en la formulación y ejecución de planes de desarrollo, ahora que están de moda los frenéticos proyectos de "agricultura no alimentaría", como los de palma africana.

Es otra manera de poner el dedo sobre una herida que ya en toda América Latina comienza a sangrar: biocombustible para alimentar la industria de automóviles en detrimento de la agricultura para alimentar a la gente. En tercer lugar, en Bariloche se llamó con urgencia a reforzar la protección de la cuenca del Amazonas como una región única e indivisible. El avance de las grandes empresas de soya transgénica, ganadería y palma africana, y de la construcción de megaobras como las autopistas para comunicar el Brasil con el Pacífico, el Orinoco con el Paraná, y Venezuela con el Perú y Bolivia, están aumentando de manera alarmante el calentamiento global. Cada hora se destruye en la Amazonía una superficie de bosque equivalente a 40 canchas profesionales de fútbol, según cálculos de Green Peace. La cuota colombiana en esta depredación es alta, muy alta: el Caquetá y el Putumayo son ya gigantescos potreros; la tumba de monte para sembrar papa en el Macizo Colombiano y en el Sumapaz es sobrecogedora, y el drenaje de humedales -o esteros del Llano- para cultivar higuerilla, aterradora. Por último, el Congreso reconoció el papel del turismo y de la empresa privada a la conservación de los Parques Nacionales, pero subrayó las condiciones que deben determinar estas contribuciones.

El turismo debe cumplir, ante todo, una función pedagógica a la que deben subordinarse las inversiones de las compañías de turismo. Es una reflexión que cae como anillo al dedo en el caso de las concesiones ambientales a empresas privadas que el gobierno ha impulsado con sospechosa parcialidad. ¿Qué pensar de las gabelas con que se ha defendido al monopolio de Besudo -y que ha terminado quebrando hasta a sus propios socios- a cambio de que la Federación de Comerciantes de Santa Marta reconozca que las sabanas que se usan en el Ecohabs del Tayrona son de algodón? El llamado ecoturismo es cada día un negocio más rentable; tan rentable que hasta Berlusconi se lo recomienda ni más ni menos que al mismísimo Sabas Pretelt, nuestro embajador en Roma. En el futuro un gobierno respetuoso de sus obligaciones ambientales deberá permitir las inversiones turísticas sólo en las fronteras de los parques y áreas protegidas, de manera que el Estado pueda ejercer dentro de esos territorios la soberanía del bien público sobre el privado como ordena la Constitución y del derecho que asiste a todos los ciudadanos a gozar de la naturaleza.
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He discutido con mi gran amiga, Constanza Viera, si un columnista debe opinar en público sobre candidaturas. Creo que si. Un escritor público, un columnista, opina. Es su función. El lector no está obligado, desde luego, a creerle. Mas aun, debe siempre tomar distancia. Si yo opino en público sobre la coca, la ganadería, la iglesia, la sífilis, la niñez, en fin, sobre lo que se me ocurre, no puedo entender por qué no podría opinar sobre uno u otro candidato. Así, en las próximas elecciones, votaré por Samuel Moreno, un político capaz de reconocer sin esguinces sus errores, así hayan sido inducidos tramposamente por un interrogador que posa de ser otro Mesías. Creo, además, que sin Metro, Bogotá será invivible en pocos años, como lo será si los urbanizadores -piratas o no- continúan comiéndose los cerros orientales, y si las Fuerzas Armadas siguen oponiéndose al desarme ciudadano. Votaré por las listas amarillas al Consejo de Bogotá con verde esperanza.

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