La realidad es que la deforestación tiene en riesgo de extinción unas 500 especies de especies de flora nativas: el afelpado frailejón, la palma de cera, la palma boba, el poderoso cedro macho. La extinción de estas especies habla del peligro en que están los pocos páramos y las entresacadas selvas que nos quedan.

Y por tanto habla del agua. Seguimos siendo ricos riquísimos en aguas, pero sin bosques, los caudales de los ríos bajan, el agua pasa derecho, inunda las zonas bajas y se va. Parecería que la merma progresiva de agua fuera planeada y, sin duda, sobre ese desenlace hay cálculos económicos. La población crece, se concentra en ciudades y el agua potable es cada vez más escasa.

Trece millones de colombianos no tienen agua apta para el consumo humano y 213 municipios carecen de acueducto, ha denunciado la Defensoría del Pueblo. La demanda aumenta y las fuentes disminuyen. Saldo: el agua será cada día más cara. Haciéndoseles la boca agua están la banca mundial BID y FMI, los acuerdos de comercio TLC, GATT y OMC, las grandes multinacionales Vivendi Universal, Suez Sondeo y el Gobierno Nacional, su atento y seguro servidor. Nuestro embajador en España, acompañado del Ministro de Medio Ambiente, ha declarado que en dos añitos todos los colombianos tendrán acceso al agua potable gracias a un ambicioso plan del Gobierno de Uribe.

Tenebroso anuncio, porque eso significaría que privatizarán el agua más rápido de lo que es posible. Vivendi Universal ya está en Córdoba, y seguramente ande tras el negocio de Urrá II llamado ahora, para birlar la sentencia de la Corte Constitucional, Empresa del Sinú; Suez Universal está en Bogotá; Aguas de Barcelona en Cartagena; la Triple A, compañía colombo-española, negocia los acueductos de Barranquilla y Santa Marta. Y así, las grandes empresas comercializadoras del agua están al acecho.

Hablo de acueductos porque la venta de agua embotellada por Coca-cola, Pepsi-cola, Nestlé, Danone arroja ya ganancias superextraordinarias gracias a las generosas concesiones de agua que les ha otorgado el Minambiente. La privatización de los acueductos y, por tanto, de los servicios de alcantarillado, está a la orden del día. La consecuencia será, como ya se ha visto en Bogotá, la elevación de tarifas sobre todo para los estratos más bajos: 126% para el 1, 58 para el 2 y 55 para el 3. No será extraño que un sector de la población sea excluido del servicio.

Hasta el año 94 surtir de agua potable era un servicio público, pero a partir de esa fecha, el Estado presionado por la banca mundial— declaró la libertad de mercado de aguas y por tanto ha convertido este bien en una mercancía común y corriente. La quiebra de las empresas de acueducto ha sido así decretada de hecho para justificar el negocio. La corrupción de las empresas municipales no es sólo un delito, también es una política.

A contracorriente, la Corte Constitucional ha sentado un principio esencial: “El agua constituye fuente de vida y la falta del servicio atenta directamente contra el derecho fundamental a la vida de las personas”. A su vez, el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, declaró oportunamente: “El agua no se puede considerar únicamente como bien económico.

También es un bien social y cultural indispensable para la garantía de otros derechos como la salud, la alimentación y el medio ambiente sano”. Un ilustre grupo de ciudadanos está empeñado en convocar un referendo con base en la recolección de firmas van 250.000 para consagrar en la Constitución Nacional el acceso al agua potable como un derecho fundamental y no como mero objeto de competencia comercial, tal como lo pretende Uribe contra viento y marea.