El más cruel: un cinturón de muerte que va del Catatumbo al Magdalena Medio, pasa —¡cómo no!— por Antioquia y remata en Chocó. Las cifras son contradictorias e incompletas, y en muchos casos las categorías se confunden. La Fiscalía denuncia que las investigaciones relacionadas con falsos positivos han pasado en un año de 103 pesquisas sobre ejecuciones extrajudiciales a 690, y éstas con 763 vinculados y 1.137 víctimas.

La Procuraduría investiga 111 casos de falsos positivos. Según la ONG Coordinación Colombia, Europa y Estados Unidos, ha habido 535 ejecuciones atribuidas a las Fuerzas Armadas y de Policía entre enero de 2007 y julio de 2008. Iguarán le pide al Gobierno que revise la Directiva ministerial 029 de 2005, que autoriza pagar como recompensa 3 millones 800 mil pesos por “abatimiento”. En plata blanca, la lógica social de la guerra durante la Seguridad Democrática se revela en que mientras el secuestro disminuye, las desapariciones forzadas, las ejecuciones fuera de combate y los falsos positivos aumentan.

Sólo en el presente año han sido asesinados 40 sindicalistas. Más al fondo: la lógica perversa daría cuenta de que la confianza inversionista aumenta en la medida en que aumentan los falsos positivos. ¿Cuántos colombianos asesinados cuesta cada dólar invertido en el país? Cabe otro interrogante brutal: ¿La relativa y parcial desmovilización de paramilitares podría estar obligando a “instancias” de la Fuerza Pública –expresión de Uribe– a hacer de nuevo la guerra sucia directamente? ¿No equivale a confesar que los heroicos resultados obtenidos por el Ejército Nacional están contaminados y que sin el apoyo de “instancias” sucias no sería posible tanto laurel? Parecería como si la donbernabilidad —original concepto de la politología popular— fuera la fórmula secreta de la tan mentada institucionalidad.

¿De dónde le sale a Uribe, ahora, después de las cuarenta, este “leve giro hacia la izquierda”, como lo pregunta Hommes? Hay pistas, digo yo: la más clara, la probable y muy deseable victoria de Obama. La elección de un mulato como presidente de EE. UU. podría llegar a tener la misma importancia para la democracia que la caída del muro de Berlín. En Colombia, la obamabilidad debilitaría la guerra al punto de abrir una opción a la negociación política por el simple hecho de condicionar la ayuda militar gringa al respeto de los Derechos Humanos.

La presión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, de la Comisión Colombiana de Juristas, del Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, y la posible intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y del Congreso de Estados Unidos, son los verdaderos héroes de la jornada. Al fin y al cabo, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y de Policía es el Presidente de la República; y él, más que nadie, sabe lo que le viene pierna arriba si no se desparcha de la nefastas instancias. Después de oír el informe de Félix de Bedout, se podría concluir que los militares untados dirán que obedecían una directiva firmada por Camilo Ospina y este ex funcionario sería el paganini del tropel. Uribe se desmontaría por las orejas. Y todo bien.

Habrá que ver si soplando se apaga la paja, o se atiza la candela.