Extraditar sí, reparar no

Considera Velásquez que ésta  fue, según el secretario, una decisión sabia, y que no se opone al necesario proceso de confesión y reparación que la Ley 975 exige a estos delincuentes.

Sin embargo, hay una evidente contradicción entre esta defensa de la compatibilidad entre confesión y reparación y extradición y la posición que asume uno de los más conspicuos defensores del Gobierno. En efecto, en su columna “Días, tardes, noches”, publicada en este diario el 27 de septiembre pasado, Ernesto Yamhure sostiene, con lamentables errores de sintaxis, que: “Ese cuento de que el Gobierno está manipulando a H.H. para que no hable, yo no me lo creo.

Si esas supuestas intenciones fueran ciertas, no habría necesidad de mandarle mensajes a través de sus defensores, porque la solución es mucho más sencilla. Me explico: si el Gobierno quisiera callarlo, simple y llanamente lo extradita y punto. H.H. está jugando sus cartas con astucia, pues está preparando el terreno para evitar que lo extraditen”. En pocas palabras: extradición es igual a silencio. ¿Qué opinará Velásquez?

 Ahora bien, parece que la decisión de extraditar a narcos y ‘paras’ no fue producto de la sabiduría presidencial, sino de algo más prosaico: la Corte Suprema, y como resultado del debate en el que dos de sus miembros salvaron su voto de aprobación de una nueva extradición, aprobó un concepto en el que le dice al Presidente que “su autonomía para ordenar la extradición se reduce con las obligaciones adquiridas por el Estado con la comunidad internacional en materia de derechos humanos: ‘En otras palabras, las potestades del gobernante ya no están sometidas exclusivamente a las reglas impuestas por el constituyente y el legislador del país, sino que encuentran restricciones como consecuencia de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos que se ha comprometido a cumplir el Estado’ ”. (El Tiempo, 1° de octubre). Es claro, se trata de obedecer a las exigencias de la “comunidad internacional”, eufemismo para referirse a los Estados Unidos. O sea, ni tanta sabiduría ni tanta independencia.

Mientras el Gobierno y sus acuciosos portavoces se ponen de acuerdo, mejor hablemos de otra cosa: Alfredo Molano, en su columna el domingo pasado se pregunta: “No sé qué resortes habrán tocado Eduardo Pizarro, Gonzalo Sánchez, Álvaro Camacho y toda la nómina de respetables investigadores que componen el equipo, para que el gobierno de Uribe les aceptara meter mano en el tema de las masacres”.

En mi calidad de miembro de la Comisión de Memoria Histórica debo contestarle a Alfredo que en la Comisión hemos contado todo el tiempo con una absoluta autonomía intelectual y académica, y que en ningún momento ningún miembro de la CNRR intentó siquiera interferir en nuestro trabajo. A todo señor, todo honor. Más aún, en su discurso en el acto de presentación del informe sobre Trujillo, Pizarro anunció la intención de impulsar los trabajos de la Comisión.

Invito a Alfredo a que lea el discurso del vicepresidente Santos en el mismo acto, en el que reconoce la responsabilidad del Estado sobre esta tragedia y recoge las principales recomendaciones presentadas. Y debe leer también la circular de la Procuraduría en la que convierte en vinculantes esas recomendaciones. Los resultados que se han publicado en la prensa en los días posteriores a la entrega del informe hacen pensar que por fin se hará alguna justicia a las víctimas de Trujillo, aunque no podemos ser completamente optimistas: cuando hablaba Santos, una de las víctimas comentó: “Así de bonito hablaba Samper”, cuando en 1995 también reconoció la responsabilidad estatal y ordenó un programa de reparación cuya ejecución hoy día produce una mezcla incómoda de ira y risa.