En su discurso, el general fue enfático en afirmar que doctrina vigente en el Ejército era la medición del éxito mediante la ausencia de enfrentamientos y muertos. Sostuvo que lo más importante era que en las respectivas brigadas se creara un clima tal que no hubiera necesidad de recurrir a las armas para mantener la tranquilidad de la ciudadanía. Estamos hablando, pues, de una doctrina que tendría veinte años de vigencia.

Sin embargo, los acontecimientos recientes, y los no tan recientes, han mostrado que los llamados falsos positivos se fueron convirtiendo en una doctrina alternativa dominante. ¿Qué incidió en que al general no le obedecieran sus tropas y le desconocieran sus instrucciones? ¿Dónde quedó la férrea disciplina militar que garantiza la obediencia de los subordinados?

Es entendible que desde 1988 se ha deteriorado considerablemente el orden de la guerra, que los enemigos del Ejército se fortalecieron, bien a pesar de las políticas militares declaradas, bien con la connivencia de algunos sectores de la Fuerza Pública. Es comprensible también que los grupos armados ilegales impusieran nuevas exigencias de combate, y que fuera necesario fortalecer la capacidad militar del Estado. La respuesta posterior, el Plan Colombia, es un resultado de esa nueva exigencia.

Pero de allí no se deduce que fuera necesario alterar la doctrina y que se abriera camino la nueva. Inclusive con el Plan Reconquista se buscaba extender la presencia militar y policial a todo el país, pero esto no implicaba que se hiciera mediante los falsos positivos.

Algo ha pasado, entonces, y parecería que la política militar corre por dos carriles: uno público, en el que se exalta el respeto a los Derechos Humanos y se reclama que es deber de la Fuerza Pública, especialmente del Ejército, proteger a la población civil, y uno privado, en el que se premian las acciones ilegales y criminales.

Algunos indicios permiten sospechar que hay nuevas orientaciones oficiales que contienen elementos que estimulan los falsos positivos: las recompensas, por  ejemplo, son alicientes para que éstos se produzcan. Aunque se especifique que estas recompensas son exclusivas para los civiles que delaten, no sería muy sorprendente que luego de un falso positivo el receptor de la recompensa se viera obligado a repartir parte de su premio con algunos militares que participaron del evento.

Más aún, si un militar ve que a un civil se le recompensa con una jugosa suma por contribuir a un positivo, puede pensar que si él realiza otro positivo similar, también merece un premio monetario, o al menos unos días de descanso. No todos los militares actúan impulsados por el honor y el amor a la patria, y las tentaciones pueden ser muy fuertes.

Otro eventual aliciente para los falsos positivos es la retórica presidencial: Uribe a veces se enfurece, se desmadra y exige, en un lenguaje a veces equívoco, resultados rápidos y eficientes a las tropas. El que estas órdenes sean interpretadas como permisos para cometer atropellos y al menos dudosos positivos no deja de ser un riesgo latente.

Parecería que a partir los excesos recientes las cúpulas oficiales y militares han decidido reaccionar en contra de esa doctrina, y reviven la planteada por el general Guerrero Paz. Vamos a ver si ahora sí se vuelve una realidad, se contribuye a limpiar un poco la guerra y se le ofrece a la ciudadanía una verdadera protección que permita confiar en sus cuerpos armados. Ojalá que esta vez los militares sí entiendan lo que los ciudadanos esperan de ellos, decidan obedecer a sus superiores y realmente acaten los compromisos éticos que juraron respetar.