En el tránsito del Estado de poder al Estado de derecho nació el principio de la representación, fundamentalmente vinculado a la capacidad para imponer tributos. Más tarde apareció el constitucionalismo como una forma de limitar el poder, en un proceso que terminó vinculando estrechamente al liberalismo con la democracia.

Los partidos son producto del principio de la representación política. El pluralismo social necesitó de ellos para tramitar sus intereses –legítimos y diversos- en los distintos organismos del Estado. Y reunidos en Cámaras se constituyeron no sólo en hacedores de leyes sino en elementos de control frente al gobierno.

Nacieron como partidos de cuadros, luego surgieron los partidos de masas y finalmente devinieron en partidos de ciudadanos. La sociedad se hizo cada vez más compleja, lo cual presionó unas reformas en la estructura del Estado para evitar que se quedara corto en relación con los nuevos requerimientos públicos.

Los desarrollos históricos y políticos fueron reduciendo las distancias entre la sociedad y el Estado. Este perdió su condición suprema de Leviatán regulador, para convertirse en ente prestador de servicios. Mientras tanto la democracia enriqueció su teoría, amplió sus espacios y otorgó al ciudadano un rol nuevo y definitivo en la organización social.
 
Se produjo, entonces, un cambio político fundamental: el protagonista de la actividad pública es el ciudadano mismo y no su representante político. Había aparecido el principio de la participación. En ese proceso el mecanismo representativo acusó signos de crisis, mientras se fortalecía paulatinamente la democracia participativa.

Era lógico: si el ciudadano puede participar directamente en la vida de su comunidad no es preciso que sea representado por nadie. La crisis del principio de la representación afectó sin remedio a los partidos políticos. Su crisis, por lo tanto, tiene características estructurales. Es la gran consecuencia del tránsito de la democracia representativa a la de participación. Se trata de una conquista afortunada porque supone la eliminación de los intermediarios en la actividad política.

En este siglo XXI –que comienzo en medio de la crisis de tantos paradigmas- los Estados, los gobiernos, los políticos en ejercicio se empeñan en buscar el fortalecimiento de los partidos a través de leyes de bancadas, de plataformas programáticas, de modificación porcentual de los umbrales. Por supuesto, tales fórmulas facilitan el desempeño electoral y el manejo político en el ámbito parlamentario, pero no necesariamente fortalecen los partidos.

El tránsito de la representación a la participación trajo consigo la semilla de otro tránsito más hondo y complejo: El transito de una democracia de partidos a una democracia de ciudadanos. Eso impone la doble necesidad de construir ciudadanía y de construir democracia. La primera supone un ejercicio permanente. La segunda una conquista cotidiana. Pero de ninguna de las dos se alimentan los partidos políticos que conoció el siglo XX.

Ex senador, profesor universitario, atm@cidan.net