Hasta cuándo los colombianos tendremos que seguir siendo gobernados por personas con un oscuro pasado y con tenebrosas amistades? Llegó a mis manos un libro intitulado Herencia maldita -Grijalbo, 2007-, del periodista mejicano Ricardo Ravelo. Es una cruda radiografía del fenómeno del narcotráfico que en la página 113 cita un informe de la Dijín que se refiere a Carlos Alejandro Zambrano Stacey, quien "es narcotraficante de la Costa Atlántica, dedicado al lavado de activos en la ciudad de Barranquilla... Entre las relaciones políticas más importantes de Carlos Alejandro Zambrano destacan las que mantiene con el senador Samuel Moreno Rojas, quien al parecer tiene vínculos con el narcotráfico". Más adelante, se incluye una lista de personas que hacen parte de la organización del citado mafioso, donde se encuentra Moreno.

Investigué un poco más y hallé un artículo publicado en El Espectador el 28 de enero de 1996 bajo el título "La Corte escruta al Congreso". Allí, se menciona una indagatoria rendida por el contador del cartel de Cali, Guillermo Pallomari, el 13 de noviembre de 1995, y en la que señaló a un grupo de congresistas que habían votado proyectos de ley favorables a los narcotraficantes. En la lista se encuentran los nombres de algunos de los condenados en el proceso 8.000 como Carlos Abadía, David Turbay, Manuel Francisco Becerra, Orlando Vásquez Velásquez, Alberto Santofimio y Rodrigo Garavito, entre otros. Allí también aparece Samuel Moreno Rojas.

Con ese antecedente quise saber cuál era la posición de Samuel frente a la extradición y me di a la tarea de revisar uno de los episodios más dolorosos de la historia legislativa colombiana. Me refiero a la sesión del Senado de la República de la noche del 19 de septiembre de 1997, cuando se aprobó el mico presentado por Salomón Náder que textualmente decía: "No procederá la extradición cuando se trata de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la presente norma". En otras palabras, se incorporaba la extradición, pero sin retroactividad, con lo que se les salvaba el pellejo a muchos mafiosos de Cali. 52 senadores votaron el mico. Entre ellos figuran Vicente Blel, Jaime Dussán, Juan José García Romero, Samuel Santander Lópesierra -extraditado-, Juan Manuel López Cabrales -preso por la parapolítica- y Humberto Pava Camelo -vinculado al proceso 8.000-. Vuelve y juega, Samuel Moreno está entre ellos.

Son demasiadas coincidencias que hacen pensar que Moreno no es un político ni diáfano ni sincero. Él está en la obligación de decirle al país con toda claridad si es cierta su amistad con Zambrano Stacey, por qué fue imputado por Guillermo Pallomari, cuya veracidad en sus testimonios le sirvió para convertirse en un testigo estrella en los Estados Unidos y, finalmente, explicar qué lo motivó a votar a favor de la extradición sin retroactividad. Todo esto, conectado con su respuesta favorable respecto de la compra de votos, hace que se enciendan todas las alarmas.

El líder debe hacer uso del poder para educar, para sembrar la semilla de los valores y para darles ejemplo de límpido proceder a sus gobernados. Hay que servirle a la política y no servirse de ella. Por eso me embarga un inmenso dolor cuando veo que los destinos de Bogotá posiblemente quedarían en las manos de alguien cuyo turbio pasado hasta ahora empezamos a conocer. Afortunadamente, los bogotanos tenemos tiempo hasta el último segundo para decidir qué es lo que realmente nos conviene.

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El Concejo de Bogotá debe estar integrado por individuos trabajadores y comprometidos. Hay candidatos de primerísima calidad: en la lista conservadora están Omar Mejía Báez, el que frenó la actualización catastral, y Aníbal Fernández de Soto, joven y bien preparado. Lariza Pizano, la mujer del año, y Gilma Jiménez, la de los "muros de la infamia" por el Partido Liberal. Finalmente Carlos Fernando Galán en Cambio Radical y Martha Ordóñez de la U.

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