Detrás del incremento de la violencia están el ejército de Daniel Rendón, alias Don Mario –hermano de Fredy Rendón, alias El Alemán–, y la estructura narcoparamilitar de la llamada ‘Oficina de Envigado’, que ahora se hace llamar el grupo de ‘Los Paisas’. No son simples facciones remanentes del paramilitarismo. En realidad, son poderosas estructuras que cuentan en sus filas con integrantes de la Fuerza Pública y de diversas instituciones del poder local.

Tampoco son bandas emergentes. Como lo reconoció en días pasados Alonso Salazar, alcalde de Medellín, son grupos paramilitares no desmovilizados, o que han simulado la desmovilización y que articulan su participación en corporaciones legales con el ejercicio de formas ilegales de control social. Son grupos paramilitares que están integrados a viejas redes del narcotráfico, que se mezclan con pequeños carteles y hacen alianzas con grupos guerrilleros. Pero también hacen parte de sectores terratenientes y agroindustriales.

Daniel Rendón no es sólo un narcotraficante al mando de 6.000 hombres. Al mismo tiempo tiene participación en empresas frutícolas en el Urabá chocoano que hacen negocios con la transnacional Del Monte. Su guerra con ‘Los Paisas’ obedece al dominio de las tierras en Córdoba, Urabá y Chocó.

Mientras ocurren masacres y homicidios en Valencia y Tierralta, el consulado colombiano en Nueva York ha invitado al rector de la Universidad de Córdoba, Claudio Sánchez –quien está siendo investigado por concierto para delinquir–, para que promocione los resultados de su administración en varios actos públicos. Esto hace parte de la campaña tendiente a buscar respaldo para el Tratado de Libre Comercio. El mismo tipo de estrategia publicitaria con la que fueron invitados decenas de congresistas de los Estados Unidos a Medellín para que conocieran las supuestas bondades del modelo de reinserción y reconciliación.

Será difícil para el Gobierno Nacional y sus representantes diplomáticos en Nueva York y Washington explicar la nueva escalada de violencia en Medellín y Córdoba, así como las recientes declaraciones del alcalde Salazar en las que queda al descubierto el carácter ficticio de la desmovilización. Asimismo será necesario explicar por qué la extradición de los jefes paramilitares no resuelve el problema de fondo. El nuevo ciclo de asesinatos y masacres está ligado a la continuidad de organizaciones criminales aliadas a las mafias políticas y militares de origen estatal, que no han sido aún desmanteladas, y que a pesar de algunos cambios en sus cúpulas, mantienen intactos su poder y capacidad destructiva.

No es el comienzo del posconflicto. Por el contrario, es una nueva etapa de la guerra.

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Heber Veloza, alias HH, es tal vez el jefe paramilitar que más información ha dado a los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz. El Gobierno quiere extraditarlo cuanto antes. Una nueva demostración de su voluntad de impedir a toda costa el esclarecimiento pleno de la verdad. 

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