En realidad la declaración que hizo fue más interesante. “Un gran reclamo de la base popular de la Nación tiene una queja profunda por la permisividad del consumo en el país”, dijo Uribe. “Por ejemplo en Bosa-Bogotá me dijeron que los niños salen a jugar, y rápidamente los enganchan para distribuir cocaína y marihuana”. La frase es típica de Uribe: primero, la gramática es torpe (el Presidente quiere decir que la base popular tiene una queja, y en cambio dice que quien tiene la queja es el “gran reclamo”). Y segundo, las ideas están mezcladas.

Están mezcladas porque el argumento que pretende presentar Uribe se basa en el consumo de droga en esa “base popular” que menciona. Pero cuando quiere poner un ejemplo, el Presidente no habla de consumo, sino de criminalidad. Cualquiera que lea la frase se da cuenta de que el problema no es que los niños “salgan a jugar” y empiecen a meter lo que sea, sino que salen a jugar y son reclutados por el sistema criminal que hay alrededor de la droga. Involuntariamente, Uribe construye el mejor argumento en su contra: porque lo grave de toda esta guerra absurda contra las drogas no es el consumo, ni el daño real que el consumo provoca en las familias, sino el crimen. Los ejércitos de vendedores o distribuidores, y detrás de ellos los carteles, y al lado de los carteles la corrupción, y alrededor de todo eso los miles de muertos que produce cada año, no la droga, sino el comercio de la droga. Y por eso es que la solución no está ni de c erca en penalizar, sino todo lo contrario: la legalización.

Pero eso es lo que este gobierno no quiere ver. Leía yo en un periódico inglés una cifra significativa: un kilo de cocaína, decía un funcionario británico, cuesta 1.000 libras, unos tres millones y medio de pesos; si la droga fuera legal, llegaría a Inglaterra costando 1.500; como es ilegal, llega costando 30.000. Más de cien millones: el comercio es tan lucrativo que no hay guerra contra las drogas capaz de eliminarlas, porque siempre habrá alguien dispuesto a correr los riesgos que sea y hacer las cosas que sea para sacar una tajada del negocio. La amapola no vale nada, pero la heroína es más cara que el uranio. En otras palabras: el consumo genera daños individuales y familiares, pero la prohibición genera daños sociales. Lo que podría ser un mero problema de salud pública es una guerra inútil que causa mucho más daño que lo que se pretende combatir.

Lo que quiero decir es que la guerra contra las drogas es una política basada no en la regulación de la realidad, sino en el deseo de una realidad distinta. Y eso, legislar con el deseo, es grave. Salvo quienes se benefician de ellas, nadie quiere un mundo con drogas, pero es eso lo que tenemos. Aceptar la realidad de que siempre habrá adicción es tomar el control del problema; negarla es entregar ese control a los carteles, a las mafias, a los camellos. La prohibición es una actitud basada en un mundo de fantasía, un mundo infantil donde fingimos que, puesto que son ilegales y las combatimos, las drogas dejarán un día de existir. Eso, sencillamente, no es verdad. Es una inocencia y una hipocresía.

Hay cosas que se prohíben porque son peligrosas, y hay cosas que son peligrosas porque se prohíben. Hay que saber distinguir.