Sólo el llamar “positivo” a la muerte de una persona por parte del ejército regular, es suficiente para despelucar a cualquiera en un Estado democrático y civilista, como pretendemos tener. No importa si es subversivo, terrorista o delincuente común: sigue siendo un ser humano y por tanto, sujeto de derecho: un juicio vertical y una pena inigualable. Pero ¿cadáveres a la lata? No. Así asesinen, masacren, violen, roben. Y mucho menos como resultado de la presión, al parecer insufrible, que les aplican desde arriba para demostrarnos que la política de seguridad democrática funciona bien.

Muy fuerte, repito, ver al Presidente desencajado y furibundo reconociendo la barbarie oficial, que no otra cosa es lo sucedido con esos pobres muchachos de Soacha y de muchos otros lugares del país, convertidos en guerrilleros por decisión de unos regulares. El caso del policía guajiro que recientemente denunció el asesinato a mansalva de su hermano no puede ser dejado suelto. Suma y ofrece un panorama desolador: es verdad lo que los defensores de derechos humanos del mundo denuncian e internamente se viene negando y descalificando ad infinitum. Y la nueva actitud no puede ser otra que asumir, poner pecho y corregir, dejando de lado el estribillo de las manzanas podridas, porque no son pocas sino una cosecha completa.

Estos sucesos de última hora nos conducen a otro cambio obligatorio e imperativo: las víctimas de los desmanes de las Fuerzas Militares tienen que ser incluidas en la ley de reparación en la que, hasta hoy, el gobierno Uribe se ha negado a reconocer como tales, porque no se puede tapar el Sol con un dedo. No puede venir otra cosa que una declaración amplia y decente de los derechos humanos de quienes han sido abusados y asesinados por portadores de las insignias de defensa y protección de los ciudadanos y el orden público, y la asunción de los costos de esa reivindicación, muy mínima, por cierto, para quienes no la podrán disfrutar porque están bajo tierra o desaparecidos, que es casi lo mismo. Pero sus allegados viven y merecen recibir del Estado esa expiación no tanto por los pesos que les puedan dar (nunca serán igual a los mil millones que le dieron a un guerrillero por la mano de un comandante o a Isaza por traer a Lizcano) sino por la paz espiritual y la estabilidad mental que recuperarán tanto como el buen nombre de su familiar y el propio. Como ciudadanos tenemos la obligación indelegable e insustituible de hacerles saber, por intermedio del señor Presidente, lo avergonzados que estamos con la promesa de que no habrá un solo falso positivo más en Colombia, y que lo cumplan a saco. Y los senadores y representantes que nos encarnan tienen la obligación de llevar la iniciativa, completa, a Ley de la República: es lo menos si se quiere limpiar este pringo vergonzoso, porque untados estamos todos por acción o por omisión.

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