Es permanente el discurso y la propaganda sobre el patriotismo y el valor del Ejército de Colombia, pero el hermetismo nacido de la verticalidad y la disciplina castrense impiden conocer la realidad humana que viste el uniforme militar. La vida de esos miles de muchachos que llegan hasta dejar su vida luchando, muchos de ellos, sin saber muy bien por qué ni para qué. La información se maneja con sigilo, no se conocen las cifras consolidadas de muertos en combate, de mutilados, de incapacitados, de mentes enloquecidas de soldados que terminan recluidos en los servicios de sanidad de las Fuerzas Militares, a los cuales nadie tiene acceso.

Si se realizara una encuesta a los jóvenes colombianos, el No a la guerra sería contundente. Pero nadie les pregunta. Simplemente se les obliga a enrolarse. En época de reclutamiento los persiguen, como en una verdadera cacería humana, llegan a sus lugares de reunión, en los parques y las filas de ingreso a los estadios, en los terminales de buses; cualquier esquina sirve para sorprender a muchachos entre los 18 y 28 años, con su situación militar sin resolver. Sobre todo a aquellos de las zonas rurales y los más pobres en las ciudades, quienes desprotegidos y vulnerables, sin recursos argumentales, terminan sin remedio embarcados en el camión en el que inician el triste camino hacia el cuartel y el infierno de la guerra. Gobernantes y legisladores adultos les definen su futuro, convierten sus vidas en estadísticas anónimas y frías, transformando su esperanza fresca en carne de cañón y sus sueños eclipsados o al menos aplazados.

Por esto son cada vez más quienes optan, a riesgo de castigos y calabozo, por convertirse en objetores de conciencia para defender por voluntad propia el quinto mandamiento: no matarás. Jóvenes que no quieren formar parte de un conflicto que les es incomprensible y ajeno. Amparados en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que defiende el derecho a no actuar contra los dictados de la propia conciencia, muchachos de Barrancabermeja, Cartagena, Barranquilla, Cali, Putumayo, Arauca y Medellín se han organizado para no empuñar las armas contra sus convicciones. Un derecho que también la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas reconoce, al aceptar la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio como una “forma legítima de ejercer el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”.

El pasado 8 de agosto la senadora Gloria Inés Ramírez se sumó a esta cruzada juvenil. Radicó un proyecto de ley que busca regular este derecho. Propone un servicio social sustituto, para trabajar rigurosamente con los más necesitados, con niños, adolescentes en riesgo, adultos de la tercera edad, en temas de salud, educación, conservación ambiental, preservación y atención de desastres naturales y humanitarios. Actividades que miles de jóvenes están dispuestos a cumplir con entusiasmo y vigor, como alternativa a disparar el fusil.