Se sintieron más poderosos que el Estado, y empleando la táctica que la mejor defensa es un buen ataque, se creyeron capaces no sólo de arrinconar al IDU, sino, como de ñapa, terminar premiados por su incumplimiento. La jugada no les salió.

Son menores de 40 años y ya amasan una fortuna inimaginable, conseguida en pocos años. Su emporio lo componen más de 30 empresas que facturan 200 millones de dólares anuales, fundamentalmente en contratos de obra pública, concesiones viales y de gas domiciliario, manejo de acueductos como el de Cúcuta y Magangué, y tienen importante participación en las electrificadoras del Tolima y Risaralda; se habla de grandes compras de tierras rurales. La suya, y no es la única en el país, es una concentración de poder en la contratación pública de tal magnitud que la competencia desaparece, generándose enormes riesgos, pues sus contratiempos económicos e incumplimientos contractuales pueden tener un grave efecto dominó no sólo en el sector de la infraestructura, sino en el sistema financiero, por el volumen de créditos que manejan, bancarios y extrabancarios.

La fórmula del éxito de los Nule ha sido una combinación de ingeniería, agresividad empresarial, estrategias jurídicas y los aditamentos necesarios de influencia sobre el poder político, un lobby efectivo en donde desempeña un papel importante su jet particular, y la oportuna y calculada financiación de campañas políticas en los ámbitos local, regional y nacional, sin descuidar los medios de comunicación.

Difícil con todos los frentes aparentemente cubiertos, no confundirse y considerarse todopoderosos e intocables. Con la soberbia ciega que da el poder tuvieron la desfachatez de fallar, nada menos que con la construcción de la Fase III de Trasmilenio, tal vez la obra pública más vistosa, más sensible política y socialmente en la emblemática Avenida El Dorado. La opinión pública reaccionó furiosa cuando quisieron responsabilizar al Distrito de sus demoras y cobrarle adicionalmente $70.000 millones, después de haber recibido un anticipo de $98.000 millones, que claramente no se ve en la hoy desbaratada calle 26. El alcalde Samuel Moreno y la directora del IDU, Liliana Pardo, respondieron con claridad y firmeza, en defensa del interés público y pusieron sobre la mesa la declaratoria de la caducidad del contrato. Actuaron para hacer respetar la dignidad del Estado y el derecho ciudadano, como bien lo dijo la directora Pardo. Los Nule recularon y aceptaron ceder la obra sin condiciones. Se espera que ellos y otros contratistas que se les parecen en sus prácticas y mañas hayan aprendido la lección. Vendan activos, cumplan con sus compromisos contractuales y respondan por sus acreencias. Con seriedad y sin frescura caribeña, tan grata en la vida social, pero nefasta cuando se trata de los asuntos y recursos públicos.