Primero porque no se entendería cómo  el presidente Uribe lo desautoriza al destituir, sin consultarlo, a 27 militares en medio del escándalo de falsos positivos (lo que habría originado su renuncia) para luego nombrarlo como representante en cualquier destino diplomático.

Segundo, porque si al desautorizarlo y  aceptar la renuncia, el presidente o el ministro Santos consideran que, como lo piensa un sector de la opinión, el general Montoya debía responder por los hechos mencionados, ese nombramiento podría ser leído en el exterior como favorecimiento y como un doble discurso en relación con los Derechos Humanos.

Más aún con las reservas que en esta materia tienen acerca del general Montoya, el Departamento de Estado, la prensa y sectores del Congreso de Estado Unidos, en cabeza del senador Patrick Leahy, que ha pedido investigarlo por presuntos nexos con paramilitares en 2002.

Y tercero, porque el general Montoya tiene, antes de ser nombrado, el derecho de demostrar su inocencia en las investigaciones que ya iniciaron, de limpiar su hoja de servicio durante 39 años y luego pasar a uso de “buen” retiro.

Además no sería justo con República Dominicana, donde no tenemos embajador desde septiembre cuando renunció Juan José Chaux por presuntas relaciones con paramilitares.

Tampoco sería buena señal para el servicio diplomático que, al igual que el periodismo nacional, aún no sale del estupor por el nombramiento como embajador en Argentina de Álvaro García, el ex director de Noticias RCN.

Y tampoco sería conveniente para la Cancillería (que todavía muestra bajos porcentajes de embajadores con carrera diplomática y alta proporción de empleados temporales y de libre nombramiento) que la diplomacia sea vista como botín político, como puerta del servicio para hacer mutis por el foro o ventanilla de pago de favores del Estado.

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