La razón que adujeron tan egregios líderes es que Edwards mantuvo una relación extramatrimonial y que le mintió al público estadounidense respecto de esta relación. En reemplazo, los demócratas escogieron como orador a Bill Clinton.

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No pueden, ni deben pasar de largo las entregas de importantes sumas de dinero a la senadora Piedad Córdoba por parte de Monómeros Colombo-Venezolanos. Al ser una sociedad anónima colombiana, la Superintendencia de Sociedades, de oficio debe adelantar una investigación a fondo de los diferentes aspectos (legales, contables y éticos) involucrados en la entrega de dichas sumas y proceder a establecer las responsabilidades del caso, incluyendo —si así lo ameritan las investigaciones— multas y destitución de los administradores y directores. La DIAN debe investigar los aspectos fiscales tanto del donante como de la receptora. La nacionalidad de los accionistas no tiene por qué influir en lo más mínimo en las investigaciones por parte de la Superintendencia y de la DIAN.

¿Están este tipo de entregas y donaciones contempladas en los estatutos y el Código de Buen Gobierno Corporativo de esta empresa?

Por último, si el objetivo de Monómeros Colombo-Venezolanos es y va a seguir siendo la financiación del Movimiento Bolivariano, los compradores de los productos deben entender que están contribuyendo a este fin y tomar las medidas que consideren pertinentes.

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Dentro de la plétora de derechos de la Constitución del 91, el único derecho que realmente rige para todos los colombianos, indistintamente de su condición social o económica, es el derecho de aseguramiento. Y posiblemente uno de los organismos que hoy en día hace mayor uso, por no decir abuso, de este glorioso derecho, es la Corte Suprema de Justicia, que parece creer que el orden lógico de la justicia es primero la privación de la libertad, segundo la excarcelación y por último la investigación.

La Fiscalía al ordenar la libertad de buena parte de los implicados— pone en evidencia que las decisiones de la Corte Suprema de asegurar a muchos implicados, con base en un dudoso acervo probatorio, ha sido equivocada. ¿Y de quién es la responsabilidad del inmenso daño que se les está haciendo a personas inocentes con detenciones tan precipitadas como temerarias? ¿O será, como lo señala el connotado analista Alfredo Rangel, que estamos “estalinizando” la justicia con la arbitrariedad como el principal punto de referencia?

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Una lección en dignidad ha dado la Ministra Directora del Instituto Nacional de la Mujer (INAM) de Honduras, Selma Estrada, al renunciar a su cargo antes que tener que recibir a Daniel Ortega, reconocido violador de su propia hijastra. Es un enigma cómo los países en América Latina, que supuestamente respetan los derechos de la mujer, siguen teniendo relaciones con este extravagante patrocinador del narcoterrorismo continental.

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A raíz del sensible fallecimiento de dos personajes públicos, como Fanny Mikey y Orlando Fals Borda, sale a relucir la sabiduría de la prohibición de que las entidades y organismos estatales publiquen avisos funerarios con dineros públicos. ¿Se imagina el lector la avalancha de avisos de los lagartos en las entidades públicas que aspiran a expresar su solidaridad y ver sus nombres en la prensa, no por cuenta de su propio peculio, sino por cuenta del bolsillo de los contribuyentes?