Rodolfo Arango 23 Jul 2008 - 9:29 pm

Una reforma judicial con nombre propio

Rodolfo Arango

LA TAN ANUNCIADA PROPUESTA gubernamental de reforma a la justicia no sólo es inoportuna sino parcializada. Con excelentes argumentos publicados esta semana en El Tiempo la columnista Claudia López sostiene que no debe ser este Congreso, cuestionado hasta los tuétanos por los vínculos con el paramilitarismo, el llamado a modificar el sistema de justicia.

Por: Rodolfo Arango
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Es como regalarle un lanzallamas a un pirómano. El actual Congreso no está moral ni políticamente legitimado para adelantar una reforma a la justicia. El Gobierno propone una con nombre propio para favorecer a sus amigos parapolíticos y sepultar la yidispolítica, como lo hizo ya con la verdad, la justicia y la reparación en perjuicio de las víctimas al extraditar a Mancuso y compañía.

Con el disfraz de estadista el nuevo Ministro del Interior y Justicia esconde un proceder frío y calculador. Valencia Cossio pretende hacer moñona en la parapolítica al devolverles a las Cortes la golosina de la cooptación y de la ampliación del período. El Gobierno busca seducir a los altos tribunales al retornarles el poder de nombrar a sus propios sucesores.

Además, les aumenta a 12 años el período y lo iguala al probable del jefe de Estado luego de una segunda reelección. Anticipa así la crítica al desequilibrio del poder presidencial. La cooptación es un sistema de elección de magistrados que propicia el nepotismo judicial. Ella permite a una camarilla cerrada de personas instalarse largo tiempo en la cúpula del poder Judicial. Una opción más razonable es la renovación periódica y escalonada de los magistrados para garantizar la continuidad de la jurisprudencia y establecer una sana emulación en el mejoramiento del sistema jurídico.

Para el caso de la Corte Constitucional, órgano de naturaleza político-jurídica, es el Senado el llamado a elegir a los magistrados, como sucede en muchos países de Europa y en E.U., previas exigentes audiencias públicas de escrutinio intelectual y moral. Más contribuiría al consenso social exigir la elección unánime por parte de los partidos políticos, o una votación calificada de 3/4 o 3/5 partes de los miembros del Senado, con miras a garantizar el equilibrio y el respeto constitucionales. Otras reformas, esas sí oportunas, deben hacer obligatorio el precedente constitucional en materia de derechos fundamentales o permitir la tutela contra decisiones judiciales de última instancia.

Dos movidas adicionales muestran que la reforma anunciada interpreta sólo los intereses judiciales del Gobierno: se propone que sea el presidente de la República quien nomine al Procurador, modificando el equilibrado sistema actual. La nominación presidencial del Procurador es un contrasentido jurídico: yo te nomino, tú me investigas disciplinariamente a los ministros. Se apunta a repetir la dosis que soportamos con el Fiscal, quien desecha investigaciones criminales (muerte y cercenamiento de Iván Ríos, uso ilegal de insignias de la Cruz Roja) o se niega a procesar penalmente (como en el caso del ex general Rito Alejo del Río pese a las declaraciones del paramilitar HH), cuando no conviene al padrino político que lo nominó. La segunda movida del Gobierno instaura la doble instancia en el juzgamiento de los legisladores acusados de mantener vínculos con grupos criminales. Bajo el ropaje del garantismo penal, el proyecto busca conservar el cordón umbilical que lo ata al poder electoral de los parapolíticos.

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Rectificación: por una confusión injustificable afirmé en la columna “No uses mi nombre en vano”, publicada en este diario el 17-07-2008 que la senadora cristiana y líder política Alexandra Moreno Piraquive había ofrecido su respaldo político al presidente-candidato Uribe en acto público en el coliseo ‘El Campín’, afirmación que rectifico porque quien así actuó fue la senadora cristiana y líder política Claudia Rodríguez de Castellanos.

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