Estas protestas son importantísimas y generan optimismo. Es emocionante que millones de colombianos hayamos salido a las calles a reclamar nuevamente la liberación inmediata de todos los secuestrados y a expresar nuestra solidaridad con estas víctimas. El secuestro es un crimen atroz que merece todo nuestro repudio y que tiene que ser erradicado de Colombia.

Esta nueva marcha tiene empero una faceta menos atractiva pues, al igual que la del 4 de febrero, se centró en los secuestros perpetrados por las Farc. Pero en Colombia hay otras víctimas de otros actores, pues las Farc –que merecen todo nuestro rechazo– no han tenido el monopolio de la crueldad.

En las dos últimas décadas, pero especialmente a partir de la segunda mitad de los años noventa, miles de colombianos fueron masacrados y desaparecidos y millones fueron desplazados de sus tierras por los grupos paramilitares, que contaron con la complicidad de mandos de la Fuerza Pública y de representantes de las élites políticas y económicas. Pero de estas víctimas no se habló en esta marcha del 20 de julio, ni hubo gestos de solidaridad frente a ellas. Hubo muy pocos gritos a favor del retorno de los desplazados a sus tierras o para que se esclareciera la suerte de los desaparecidos.

Esta nueva marcha reitera entonces una especie de asimetría moral que predomina en la opinión pública urbana, que masivamente condena el secuestro de la guerrilla, pero se muestra mucho más silenciosa e indolente frente a los horrores que provocan los otros actores del conflicto armado colombiano, como las desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales o el desplazamiento forzado.

Esta asimetría moral, que puede ser explicada por ciertos factores sociológicos, es sin embargo inadmisible, pues implica una especie de jerarquización entre las víctimas. Las víctimas de los paras y de ciertos agentes estatales sufren en silencio, mientras que las víctimas de la guerrilla reciben la mayor atención de los medios y de las autoridades. O peor aún, algunos parecerían admitir implícitamente que las atrocidades de los paras son un “mal menor” para poder librarse de lo que muchos ven como el “mal mayor”, que sería la guerrilla.

Esta asimetría moral expresa una profunda debilidad ética y política de nuestra democracia, pues rompe con el principio de universalidad, según el cual, conforme a la conocida fórmula kantiana, toda persona debe comportarse de tal manera que su regla de conducta individual pueda realmente valer como una norma para todos. La aplicación de ese principio ético al análisis de las crueldades en Colombia debería conducirnos a una conclusión simple: los ciudadanos deberíamos solidarizarnos con todas las víctimas y condenar todas las barbaridades de la misma manera, sin introducir jerarquías entre ellas.

Debemos entonces superar esa asimetría, solidarizarnos con las víctimas de todos los actores armados y condenar todas las atrocidades. Un paso en esa dirección fue la marcha del 6 de marzo en solidaridad con todas las víctimas, y en especial con las víctimas del paramilitarismo y de los crímenes de agentes estatales. Esa protesta, si bien fue menos concurrida, también fue masiva. Pero debemos avanzar aún más: por ello es importante que el Congreso apruebe el proyecto que busca reconocer los derechos de todas las víctimas del conflicto armado, y no sólo de los secuestrados, un proyecto al cual se ha opuesto decididamente el Gobierno, con razones mezquinas y poco valederas. 

* Director de DeJusticia (www.dejusticia.org) y profesor de la UN.