El Gobierno objetaría que la anterior conclusión es errada y que la extradición no sacrifica los derechos de las víctimas. Su tesis, basada en la discutible sentencia del Consejo Superior de la Judicatura en la tutela sobre Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, es que existe una complementariedad entre la colaboración con los Estados Unidos para perseguir el narcotráfico y la sanción de los crímenes atroces de los paras.

El argumento es así: gracias a los acuerdos de colaboración judicial con los Estados Unidos, las víctimas y las autoridades colombianas podrían enviar representantes a ese país, a fin de lograr pruebas que permitan esclarecer la verdad del paramilitarismo y reparar a las víctimas. Estaríamos entonces en el mejor de los mundos posibles, pues se satisfacen los derechos de las víctimas y se coopera con los Estados Unidos para desarticular el narcotráfico.

Pero ese argumento no es convincente al menos por dos razones: de un lado, porque no es nada claro que esa colaboración judicial realmente sirva para esclarecer los crímenes atroces de los ‘paras’, como lo resaltó mi colega César Rodríguez en su columna del pasado martes en este mismo espacio.

De otro lado, porque si lo que se quería era que Estados Unidos pudiera sancionar el narcotráfico, pero que al mismo tiempo fueran satisfechos los derechos de las víctimas de los crímenes atroces, entonces debió hacerse lo contrario de lo que hizo el presidente Uribe.  Esto es, en vez de extraditar a los líderes paramilitares, el Gobierno colombiano debió invitar a Estados Unidos a que usara esos mismos mecanismos de cooperación y participara en nuestros procesos judiciales y obtuviera aquí la información necesaria para esclarecer los delitos de narcotráfico.

¿No era eso más práctico y sobre todo más ético? ¿Por qué tienen en cambio que ser las víctimas y las autoridades colombianas las que hagan el esfuerzo de desplazarse a los Estados Unidos, si es mucho más fácil, tanto a nivel práctico como jurídico, que el Gobierno estadounidense venga a obtener pruebas en Colombia? Y, finalmente, ¿por qué juzgar primero el narcotráfico si es obvio que es mucho más grave asesinar personas que exportar cocaína?

El Gobierno no ha dado una respuesta apropiada a esos interrogantes. Su justificación para la extradición es que los líderes paramilitares estaban incumpliendo sus compromisos de revelar la verdad y entregar su riqueza para reparar a las víctimas, fuera de que seguían delinquiendo. Pero de ese hecho no se desprendía que esas personas debían ser extraditadas, sino que debían perder los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, y ser castigados en Colombia con las penas previstas por la legislación ordinaria.

Esa hubiera sido la respuesta de un gobierno para el cual lo más grave fueran los crímenes atroces y la prioridad, los derechos de las víctimas. Como no fue así, el lector podrá inferir cuál es la escala de valores de este Gobierno.

(*) Director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad “DeJuSticia” (www.dejusticia.org)