La contratación pública

EL COLAPSO DEL GRUPO NULE HA puesto de presente un deterioro de las normas de contratación pública, tanto en el ámbito nacional como en el del Distrito Capital. Este escenario ha permitido el enriquecimiento de los contratistas e incentivado la toma de riesgos excesivos por éstos.

En aras de fortalecer la confianza inversionista, la administración Uribe introdujo innovaciones en la contratación pública, en especial, permitir cambios sin límites en las reglas establecidas, una vez licitada una concesión. De esta manera, un contratista premiado proponía a un costo muy bajo con el que ganaba, para después reajustar todos los términos: mayor valor, más tiempo de usufructo, las demoras no se penalizaban, menos garantías, menos seguros y menos capital propio expuesto. Era pues una situación que incentivaba la apropiación indebida de los recursos públicos por esta pléyade de contratistas de nuevo cuño.

La contratación se subdividía lo suficiente como para que cupieran todos los financistas de las campañas de los políticos de la coalición y del Gobierno. Se perdían de esta manera economías de escala y las obras se hacían con prácticas tecnológicas obsoletas. Pero además se dispersaron lamentablemente los presupuestos al comprometerse el Gobierno Nacional con hacer vías terciarias y secundarias bajo responsabilidad de municipios y departamentos. Esas son las razones para que no se concluyera cientos de obras locales y ninguna de las dobles calzadas que se trazaron y que los costos se hayan disparado muy por encima de lo inicialmente planificado, si es que se puede hablar de planificación.

En el caso de Bogotá, según Francisco Azuero en su blog del 18 de septiembre, hubo apremio de la administración Garzón para contratar las obras de Transmilenio III, lo cual permitió licitar sin tener buenos estudios de trazado ni coordinación con las empresas de servicios públicos que cuentan con redes por donde debía construirse las nuevas obras. Pero además, el IDU sucumbió frente a la presión de la Cámara Colombiana de la Infraestructura para relajar las demandas de solvencia financiera, garantías y exposición de capital propio y prestado a los que contrataran las obras. Por este huecazo se les coló el Grupo Nule, que quedó con el corazón de las obras de la calle 26 y con un anticipo de $85.671 millones.

La obra no fue supervisada adecuadamente por el IDU. Según la Contraloría distrital, a mitad del período contratado el Grupo Nule había avanzado sólo el 11,3% de las obras y no se le había aplicado multa alguna a la transgresión. Los dineros girados por el IDU pudieron ser transferidos, a su vez, a filiales del propio grupo que se remuneró antes de terminar la obra.

Tenemos entonces una ecuación de la contratación que combina la voluntad del Gobierno de permitir el desvío de recursos públicos a manos privadas con la desidia de los entes públicos que deben vigilar su estricta aplicación para que la obra se haga sin martirizar al ciudadano y sin timar al contribuyente. Ello explica, en fin, el enorme subdesarrollo de la infraestructura que padecemos.

Aunque se afirma que Segurexpo va a cubrir la pérdida del Distrito, sucede que es pública y, por lo tanto, será cubierta de todas maneras por el contribuyente. No se explica cómo se le extendió un seguro a una empresa tipificada como un carrusel de la contratación.