Es una evidente falacia de composición en la que una afirmación literaria es extrapolada a una particular institución colegiada de justicia.

Gaviria pasó a conceptuar que tanto el Presidente de Colombia como la Corte Suprema se extralimitaban para concluir: “El Gobierno está en todo su derecho de señalar los sesgos de la Corte y denunciar sus excesos o mentiras”.

 No, para nada. El Gobierno tiene el supremo deber de acatar la justicia y recurrir discretamente a sus instancias regulares para apelar sus fallos. No debe, por ningún motivo, difamarla de terrorista o narcotraficante frente a los medios, donde ejerce un poder desmesurado. El Presidente de la República encarna el Estado con su separación de poderes. No puede dar ejemplo de que desafía la ley. En ese caso, todos los ciudadanos se verán tentados a violar o torcer la ley.

La encuesta de Napoleón Franco muestra un preocupante índice de desconfianza  frente a la Corte Suprema (52% de los consultados no confían en ella), agudizada por el presidente que la pone en la picota pública o la parodia. ¡Qué triste espectáculo el del Presidente haciendo de investigador y juez de su subalterno, el ministro de la desprotección social!

Y este ministro-reo no se baja de su posición en el Estado, de la que abusa, para encarar los cohechos cometidos, descuidando al Seguro Social que se le derrumba encima. Es que acá no existe ni la culpa ni la vergüenza en la esfera “pública”, resultado de la concentración desproporcionada del poder presidencial.

Lamentable que la Corte Suprema se reúna con el Presidente para negociar la impunidad de más de uno. Los virulentos ataques han logrado entonces sus objetivos. Hay un evidente atropello de los límites al poder de la Corte que es liliputiense frente al de la Presidencia; si esos atributos no son respetados, se conduce a la arbitrariedad y a la impunidad de los crímenes perpetrados desde el Estado.

 Preocupa más aún que la Corte Constitucional dé señales para interponerse en los juicios que lleva la Suprema contra la parapolítica, que el Gobierno prepare una reforma a la justicia y que el Presidente pueda nombrar una mayoría absoluta en la constitucional con los  nombramiento del año entrante.

Creo que hay más razones de alarma que las que concede Gaviria como excesos momentáneos. Hay una progresiva degradación del Estado reorganizado por la Constitución de 1991, que consolidó una larga tradición de independencia de la justicia.

 La Corte Suprema en particular la mantenía muy en alto, aún en 1886, cuando los magistrados fueron vitalicios. Ahora nos enteramos de que la  Corte Constitucional toleró muchas irregularidades del Congreso para aprobar la reelección y que le juega a los intereses del Presidente. En consecuencia, está en grave riesgo esa larga tradición de país de leyes o del Estado de derecho que decimos defender.

Estaríamos tranquilos si el Presidente abandona su ambición por un tercer período, cuando ya ha cumplido su compromiso fundamental con el electorado de derrotar a las Farc. Si Uribe repite, vamos camino seguro hacia una república bananera o hacia una república confesional paisa, que no es mejor.

* Decano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.