La ropa sucia se lava en palacio

Durante el gobierno de César Gaviria, el senador Uribe era aliado irrestricto de esa administración. Tuvo que conocer las intimidades de la supuesta lucha contra los narcos, y tal vez le tocó experimentar, sin intermediarios, cómo fue puesto contra las cuerdas el Estado colombiano a punta de  sangrientos atentados terroristas a manos del capo del cartel de Medellín. Con seguridad que fue informado de la persecución al entonces enemigo número uno de la sociedad y de los intensos operativos realizados por el Bloque de Búsqueda. Uribe era el congresista estrella del oficialismo y el cerebro de la no muy afortunada reforma al sistema de salud que hoy padecen los sectores más desprotegidos de la sociedad.

En ese entonces, ¿pudo el Parlamento hacer un severo control político sobre las medidas tomadas por el Gobierno de turno contra la mafia? ¿Tuvieron serias repercusiones políticas las escandalosas revelaciones del lujo y el relajo en La Catedral, lugar de “reclusión” de Pablo Escobar, del cual se fugó cuando se le dio la gana?

Gaviria llevaba a cabo su llamada guerra integral contra la subversión (el objetivo era derrotar a las Farc) y la bancada liberal, en la que sobresalía Uribe, fue apoyo incondicional a esa política que, por otra parte, se ufanaba de la desmovilización de movimientos guerrilleros derrotados como el M-19, o de disidencias fracasadas, como la Corriente de Renovación Socialista del Eln, o de Esperanza, Paz y Libertad, una división del minúsculo y debilitado Epl.

Bajo el llamado “revolcón”, los grupos paramilitares crecieron en Córdoba y sobre todo en Urabá, en medio de una confrontación sin tregua que se libraba con el fin de controlar esa zona estratégica. La guerra sucia se intensificó, al igual que la violación sistemática de los derechos humanos por parte de agentes del Estado. Nada nuevo, por supuesto.

¿Dónde estaba la oposición para pedirle cuentas al Gobierno? ¿Dónde la justicia, para castigar a los culpables de las matanzas?

En esa época, como ahora (pero con sus diferencias y matices), había voces independientes, valerosas, pero nada parecido a un partido sólido, a un movimiento de masas, que exigiera responsabilidades políticas ante la debacle. El M-19, de bandazo en bandazo, con flamante representación en el gabinete de Gaviria, desperdició su cuarto de hora. La Unión Patriótica era exterminada, al tiempo que las mayorías parlamentarias del bipartidismo garantizaban la impunidad.

Quince años después de la muerte de Pablo Escobar, el presidente Uribe se da el lujo de sacar algunos cueros al sol, no más para fastidiar a César Gaviria, y, como siempre, sembrar minúsculas rencillas que utiliza para desviar la atención. Busca intimidar a sus opositores dentro del Partido Liberal, mediante el viejo expediente de desempolvar de los archivos penales alguna historia que incomode a sus antiguos camaradas, a sabiendas,  eso sí, de que no está jugando con fuego. El caso de Los Pepes es constatar, por boca de la máxima autoridad de la nación, nuestra endémica debilidad institucional y el gigantesco acumulado de heridas sin cerrar que cargamos desde hace tantos años.

Gaviria, en un acto de histrionismo político, dice que está dispuesto a llegar hasta sus últimas consecuencias en el desafío planteado por su circunstancial adversario. ¡Mentira! Eso no va a pasar, mucho menos bajo el liderazgo de aquellos que, pudiendo hacer algo, no hicieron nada para detener la ignominia. Sería quedar en evidencia.

Pero se muestran los dientes, mandatario y ex mandatario, se amenazan, aprovechan que en Colombia no hay cómo exigir responsabilidades políticas, y mucho menos castigo: estos dos viejos amigos saben muy bien para qué sirve la impunidad.