Llama la atención que en esa cumbre no sólo estuvo el alto mando militar, como es obvio, sino además el nuevo director de El Tiempo, Roberto Pombo; el embajador de Estados Unidos, William Brownfield, y el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, entre otros ilustres invitados. En el discurso del general Freddy Padilla se reiteró, como siempre se ha reiterado a lo largo y ancho de dos década de guerra sucia, que las relaciones de mandos castrenses con los paramilitares, la complicidad, e incluso participación, de uniformados en graves delitos, son hechos aislados, que no comprometen a la institución.

¿Por qué entonces no funcionaron las alarmas tempranas para prevenir masacres anunciadas, como lo denunció en su momento, por ejemplo, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas? ¿Por qué tantas veces comandantes de brigada, coroneles, capitanes y oficiales de la Policía han sido vinculados, por acción u omisión, a las tareas de exterminio de los escuadrones de la muerte? Los gobiernos civiles, de manera sistemática, se han negado a reconocer la responsabilidad del Estado en crímenes de lesa humanidad. En la guerra no hay espacio para concesiones gratuitas al enemigo.

Sin embargo, ya no somos una isla, como hace treinta años, cuando apareció el primer informe, tanto de HRW como de Amnistía Internacional, sobre torturas, allanamientos y desapariciones forzadas durante la administración liberal de Turbay Ayala. Desde entonces, los ojos de la comunidad internacional están puestos sobre el país. Que el TLC con Colombia se haya empantanado en Washington es el resultado de la denuncia internacional sobre la falta de garantías para la libre acción sindical.

A diferencia de hace tres décadas, en el presente están en la cárcel altos mandos militares, acusados de complicidad con actos de barbarie. Y hoy, por lo menos se discute abiertamente, dentro de la institución castrense, el tema de los falsos positivos y las ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, el presidente Uribe no quiso atender a José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. Por su parte, la Vicepresidencia expidió un lamentable comunicado en el que, como siempre, califica el reporte de esa ONG de sesgado y reflejo de malquerencias personales.

¿Después de la cumbre militar, habrá un rechazo explícito, y medidas concretas, para cortar de raíz la tentación de aliarse con grupos emergentes de autodefensas?

HRW pegó donde más duele: el peligro de que se profundice el hostigamiento y las amenazas contra los jueces y de que se haga todo lo posible por desviar las investigaciones o evitar que los jefes paramilitares ofrezcan nuevas evidencias de las relaciones entre el establecimiento político y militar y esos grupos criminales.

Por algún lado tendrá que estallar la tensión entre las investigaciones de la Corte y la Fiscalía (a diferentes ritmos) y la actitud de Uribe de buscar extender su mandato hasta donde le sea posible. El Gobierno puede jugarse la carta de la impunidad, a sabiendas de que le abrirá de par en par las puertas a los tribunales internacionales.