Desde los primeros trámites públicos va quedando la sensación de un trato antipático, hosco, obstaculizador, desconsiderado, cuando no irrespetuoso y expoliador. Imagen repelente que se acentúa en las mil gestiones con que el Estado dificulta el desarrollo de las personas.

Algo tan vital como ejercer el derecho a la identidad personal –sin el cual nadie existe ante el derecho–, exige costos, tiempo e incomodidades: largas filas, madrugones inclementes, cuando no días enteros para una cita telefónica. Aunque la Ley 84 de 1993 estableció la gratuidad en la expedición de la cédula, la Ley 1163 de 2007, mediante farragosa fórmula para el cálculo del costo, autoriza cobrar treinta mil pesos por el duplicado en caso de pérdida y deterioro (más las fotografías); valor equivalente a dos salarios mínimos diarios y desproporcionado respecto al costo real del documento. Todo ello sin contar la tardanza de no menos de siete meses para entregarlo. ¿Por qué, en cambio, la expedición del pasaporte –documento internacional de identidad–, toma sólo veinte minutos? Veinte años atrás, cuando la Constitución no había canonizado el Estado social, la gratuidad de la cedulación incluía las fotografías y su trámite demoraba sólo dos meses.

El Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005 (legislación “antitrámites”) autorizaron eliminar las certificaciones sobre información que puede intercambiarse entre oficinas públicas. Pero sólo el pasado 24 de julio la Ley 1238 de 2008 eliminó, desde ahora, la carga del certificado de antecedentes disciplinarios y pospuso hasta dentro de dos años y medio la supresión del de antecedentes judiciales. Bastará entonces una simple verificación en la página web correspondiente para obtener la misma información confiable. ¿No se le podrían ahorrar desde ya los treinta y ocho mil pesos a quien necesita este último para trabajar?

Otro absurdo es que todavía hoy el certificado del registro civil de nacimiento sólo pueda conseguirse en el municipio de origen, muchas veces ya tan lejano. Y que una declaración notarial extrajuicio –necesaria para casi todo y que toma tres minutos hacerla– valga diez mil quinientos pesos y hasta una hora de espera en el turno (¿por qué las leyes que la prohíben no han tenido eficacia?). Y que cumplir el deber de pagar impuestos nacionales exija comprar previamente y en largas filas el Registro Único Tributario (RUT) de la DIAN. Y ni hablar de la pesadilla del pago de impuestos municipales y departamentales, cuando debería ser el Estado quien, presto y amable, concurriera a recibir sus tributos. En otro terreno: ¿acaso la carga de inscribir personalmente la cédula en un puesto de votación –que bien podría hacerse por teléfono– no desincentiva la participación electoral?

Un rasgo de las sociedades desarrolladas es que toman en serio el postulado de Guillermo de Humbolt: la única justificación del Estado es facilitar a los individuos el desarrollo de sus potencialidades creativas, viabilizar y apoyar sus proyectos vitales. Entre nosotros los trámites públicos parecen más bien un alambrado de púas para ponerle trabas al ciudadano en su propósito de crear ideas, empresas, obras de arte, empleo, ciencia, academia, etc., aunque aquellos no operen como contención de la ilegalidad.