DANIELA RINALDI…,SEÑALES PARTICULARES : estatura 1.30, Gorda, ñata, patichueca, mueca, labios gruesos, ojos montados sobre el tabique, y con un qlo que paarece hrmiga Santandereana; OFICIO : anda en una Zorra , no de caballo, sino de burro al que llama CINEMALENGUE (un burro todo famélico y viejo de esos que para cocinarlos hay que meterlos en un horno de Fundición) y se mantiene recogiendo cartones y material desechable, es de vocabulario soéz, y mantiene maltratando a todo el mundo y al pobre burro tambien..cuando CINEMALENGUE se le rebeldiza, dice arreeeee CINEMALEMGUE h.p..o se mueve o le pongo su mina quiebra burros-….anda acompañada de otro par de enanos travestis uno GUSTAVO 1 y otro un tal MARIO SUAREZ…es activista politica y mantiene sobre el burro sin calzones y gritando ….!!! Que Viva el POLO¡¡¡…¡¡¡Que viva la revolución!!!!..!!! Polista unido jamás será vencido¡¡¡……..que horrorrrrrr de monstrete…pero asi son todos los POLIGAYS.

Las razones eran ellos o nosotros, al extraditarlos se acallaban ante los tribunales de justicia en Colombia, y por ahí mismo tratar de apaciguar la tormenta que alborotó la exprepresentante Yidis. Fue una maniobra calculada, premeditada y bien ejecutada. Se mató de un solo tiro dos pájaros.

Solyluna Quiero compartir este comunicado emitido por un grupo de defensores de derechos humanos y publicado por dimed@etb.net.co COMUNICACIÓN ÉTICA 5 OBJETAMOS DECISION DE EXTRADICIÓN Los abajo firmantes, miembros de la Comisión Ética Internacional por la Verdad en Colombia, organizaciones internacionales de derechos humanos, intelectuales y agrupaciones y movimientos por la afirmación de los derechos a la memoria, a la verdad y a la justicia, OBJETAMOS LA DECISIÓN DE EXTRADICIÓN adoptada por el Gobierno del Presidente ALVARO URIBE VELEZ, de Extraditar a los Estados Unidos por el delito de "Narcotráfico" a 13 de los mandos paramilitares responsables de perpetrar Crímenes de Lesa Humanidad en Colombia. El traslado de los comandantes paramilitares SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, ALIAS 'SANTANDER LOZADA'; RODRIGO TOVAR PUPO, ALIAS 'JORGE 40'; DIEGO FERNANDO MURILLO BEJARANO, ALIAS 'DON BERNA'; FRANCISCO JAVIER ZULUAGA LINDO, ALIAS 'GORDO LINDO'; DIEGO ALBERTO RUIZ ARROYAVE; GUILLERMO PÉREZ ALZATE, ALIAS 'PABLO SEVILLANO'; RAMIRO VANOY, ALIAS 'CUCO VANOY'; JUAN CARLOS SIERRA, ALIAS 'EL TUSO'; MARTÍN PEÑARANDA, ALIAS 'EL BURRO'; EDWIN MAURICIO GÓMEZ LARA; HERNÁN GIRALDO SERNA, ALIAS 'EL PATRÓN'; NODIER GIRALDO GIRALDO; EDUARDO ENRIQUE VENGOECHEA, es una ofensa a la conciencia ética de la humanidad. Con esta decisión se cierra la posibilidad del ejercicio de justicia por parte de las víctimas de los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos por las estructuras paramilitares bajo el mando de estos 13 comandantes, algunos de los cuales en sus confesiones parciales, las judiciales, como en las expresadas a los medios, afirman su participación en el desarrollo de esta estrategia criminal con la anuencia de las Fuerzas Militares, el apoyo de sectores políticos y económicos. A través de estas extradiciones se abrió la puerta a un nuevo mecanismo de impunidad, pues los delitos bajo los cuales se les juzgará no corresponden a los de Lesa Humanidad sino a los de narcotráfico, ocultando, desdibujando su responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos y la del Estado colombiano. La extradición muestra la ineficacia de la Ley 975 "Para la Justicia y Para la Paz" para posibilitar el reconocimiento de los derechos de las víctimas y constata que estos delitos en el Derecho Interno debieron haber sido juzgados por la justicia ordinaria con base en un código penal conforme al Derecho Internacional. La extradición ha sido entendida como la salida al incumplimiento de la Ley 975 por parte de los paramilitares en tanto continuaron en la perpetración de los crímenes, o por negarse a decir la verdad, decisión que favorece a los paramilitares en contra de los derechos de las víctimas. El trafico de drogas es un delito internacional pero no es equiparable a la comisión de crímenes sistemáticos, con un plan predeterminado y una pretensión insostenible éticamente que se expresa en ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, tortura y tratos crueles, amenazas de muerte, el exilio, el desplazamiento forzado, el exterminio político, la apropiación ilegal de tierras y demás crímenes cometidos por estas estructuras durante los últimos 40 años en Colombia. La Extradición de estos Paramilitares favorece la impunidad de los crímenes cometidos, y distancia las posibilidades y anhelos de paz. La ausencia de Justicia en Colombia, en el contexto de conflicto social y armado, envía un mensaje de continuidad de los crímenes bajo el amparo de la impunidad, que da un mensaje de que todos los medios y métodos de represión pueden ser usados contra la población y repetirse una y otra vez. El sistema judicial de Estados Unidos no garantizará el juzgamiento de los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos por estos paramilitares, pues este está diseñado sobre la base de la política de acuerdos y preacuerdos, prevé que si este tipo de criminales suministran información relevante relacionada con sus actividades ilegales de narcotráfico, se les puede conferir beneficios punitivos que se traducirán en el pago de penas mínimas para nada equiparables con los crímenes cometidos. Peor aún, pueden llegar a la solicitud de mecanismos de protección de testigos, en los cuales pueden lograr hasta el cambio de su identidad y con ello negando para las generaciones futuras la posibilidad del ejercicio de la Verdad y la Justicia. Por lo anterior, la decisión del Gobierno Colombiano de Extraditar a estos 13 paramilitares, más el ya extraditado, "Macaco", conduce a una violación más de los derechos de las víctimas. Dejando en un sin sentido jurídico la legislación colombiana. Han quedado sin efecto las órdenes de captura, los llamamientos a juicio, y las condenas en firme que ha proferido la justicia ordinaria en contra de estos jefes paramilitares. La decisión de Extradición se convierte en un mecanismo de impunidad que evitará o hará más difícil el acceso de las víctimas y sus familiares a instancias de Justicia Internacional como el caso de la Corte Penal Internacional - CPI. El Gobierno colombiano argumenta que la decisión de extraditar a los 13 jefes paramilitares, se basa en que ellos continuaron sus acciones criminales, se rehusaron a decir la Verdad y a entregar los bienes obtenidos a través de los crímenes cometidos. Antes que ordenar la extradición, el procedimiento a seguir, debió ser la pérdida de los beneficio de la ley 975 y el traslado de las investigaciones a la justicia ordinaria, haciendo efectivas las ordenes de captura, llamamientos a juicio y condenas proferidas por las autoridades competentes antes de la aplicación de la ley de Justicia y Paz tal como lo han señalado el Procurador General de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. La decisión de la extradición, se está convirtiendo en un nuevo mecanismo de impunidad jurídica y política que asegura la ausencia de esclarecimiento pleno y la individualización de los artífices, cómplices o beneficiarios políticos, militares y económicos, algunos de los cuales están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia y en tal sentido, no atiende a las recomendaciones dadas por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta decisión de extradición es éticamente censurable, pues va en contravía de los derechos de las víctimas y de las posibilidades de una real democracia en Colombia, ante la grave situación de paramilitarización que permea al gobierno colombiano, la vida social, política y económica del país. ¿Qué pasará ahora con los casi 15 mil personas desaparecidas en Colombia? ¿Qué pasará con las más de 3mil fosas comunes ubicadas en diferentes lugares del país, donde estos jefes paramilitares actuaron? ¿Qué pasará ahora con las casi 8 millones de hectáreas apropiadas de manera ilegal en desarrollo de sus crímenes? ¿Qué pasará ahora con la verdad sobre los vínculos entre políticos y grupos paramilitares, empresarios, autoridades civiles, judiciales y la Fuerza Pública? ¿Qué pasará ahora con las investigaciones de la llamada parapolítica en departamentos como Antioquia? ¿Qué pasará ahora con los derechos de las víctimas de estos crímenes? ¿Por qué no se actuó en Derecho y se sacó del marco de la Ley 975 a los 13 paramilitares y pasarlos a la Justicia Ordinaria? ¿Por qué no se actúa a favor de las víctimas de los crímenes de Lesa Humanidad? ¿Por qué la Fiscalía no defendió la posibilidad de que los derechos a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación Integral se pudieran favorecer? Los integrantes de la Comisión Ética por la Verdad en Crímenes de Lesa Humanidad reiteramos nuestra solidaridad con las víctimas y organizaciones pertenecientes al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado e Colombia, y llamamos a la comunidad de Derechos Humanos en el mundo a apoyar las iniciativas de esta expresión social estigmatizada por el Gobierno Colombiano. La labor de la Comisión Ética por la Verdad en Crímenes de Lesa Humanidad en Colombia, adquiere hoy mayor vigencia ante el desarrollo de nuevos mecanismos de impunidad, pues la decisión del gobierno de Colombia posibilita que la verdad se oculte, la realidad se tergiverse a su favor y al de los victimarios, y transfiere a las víctimas, a las organizaciones de derechos humanos y sectores de oposición, la responsabilidad por la impunidad, por la ausencia de progreso y de paz. Y siguen firmas de: Mirta Baravalle, de las Madres de la Plaza de Mayo – Línea Fundadora – Argentina; Enrique Nuñez Aranda, de la Comisión Ética contra la Tortura en Chile / Agrupación de Ex presos y Ex presas Políticos de Chile; Lorenzo Lonkon, Werken Mapuche. Pueblo indígena Mapuche de Chile y Argentina. Libertad Sánchez, Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, Mérida, España. P. Tonio Dell'Olio, Associazioni, Nomi e Numeri Contro le Mafie - LIBERA, Italia. Carlos Fazio, México. Profesor de la UNAM y analista. Rainer Huhle, centro de Derechos Humanos de Nuremberg, Alemania Stephen Nathan Haymes, Ph.D. de la University DePaul, Chicago, EEUU; Alberto Giráldez, Comunidad Cristiana de Santo Tomás de Aquino. Madrid, España; Rick Ufford-Chase. Director Ejecutivo, Presbyterian Peace Fellowship. Moderador de la 216 Asemblea General, Presbyterian Church, USA Charity Ryerson y Liz Deligio, del Movimiento por el cierre de la Escuela de las Américas - SOA Watch, EEUU; Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, MST Brasil. Federación Democrática Internacional de Mujeres – FDIM – Oficina Regional para América Latina y el Caribe - Cuba. France Amérique-Latine, París Francia Francois Houtart, sacerdote, gestor Foro Social Mundial, director del Cetri; Bélgica. Bernardine Dohrn, jurista de la Universidad Northwestern de Chicago; EEUU. Adolfo Pérez Esquivel Premio Nóbel, miembro de SERPAJ; Argentina. Miguel Álvarez Gándara, Asociación Serapaz – Servicios y Asesoría para la Paz - México; -------------------------------------------------------------------------------- _______________________________________________ Kairoscolombia mailing list Kairoscolombia@dimensioneducativa.org.co

Es de extrañar que siendo Yesid Reyes un penalista de algun nombre proporcione argumentos tan mediocres en relacion a las consecuencias de las extradiciones recientes. Lo dicho por usted evidentemente corresponde a una de las primeras clases de territorialidad de la ley penal en pregrado y no para un estudio mas cuidadoso de lo acontecido. Se le pregunta: no se desvia la competencia de la Corte Penal Internacional? La carga de la prueba y por consiguiente la manipulacion de la misma no se ve desvirtuada con la extradicion? No se utilizo una medida discrecional, como la extradicion per se, en contra de los principios pilares y fundamentales en los que se basa la ley penal colombiana desfavoreciendo a las victimas del conflicto? Acaso la extradicion de esrtos personajes no desborda la politica criminal y se torna de relevancia vital para no sólo la Corte Suprema de Justicia, sino para todo el andamiaje social? ES DE EXTRAÑAR QUE CON SU PASADO FAMILIAR Y JURIDICO NO VAYA MAS ALLA DE LO OBVIO Y LO LOGICO.

APRECIADO OPINIONISTA, LA LEY COLOMBIANA O MEJOR LA NORMA DE LAS NORMAS (LA CONSTITUCION) TAMBIEN PREVED EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD O SEA “Principio fundamental del Derecho público conforme al cual todo ejercicio de potestades debe sustentarse en normas jurídicas que determinen un órgano competente y un conjunto de materias que caen bajo su jurisdicción. Por esta razón se dice que el principio de legalidad manifiesta la seguridad jurídica”. EN CONSECUENCIA “LAS MASACRES Y EL DESPLAZAMIENTO FORZADO” HUBIERAN DEBIDO, POR UN LADO PASAR A LA JUSTICIA ORDINARIA EN EL RESPETO DEL PRINCIPIO DE LA DIVISIÓN DE LOS PODERES, POR OTRO, CIERTOS DE LA GRAVEDAD DE LOS CRIMINES COMETIDOS, LA POTESTAD DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL SE ERIGE COMO PRINCIPIO DE LEGALIDAD. A MODO DE INFORMACIÓN LE ILUSTRO ALGUNOS MÍOS APUNTES DE UN ENSAYO MAS AMPLIO: ..................ya que el derecho de una sociedad a conocer íntegramente su pasado no sólo se erige como un modo de reparación y esclarecimiento de los hechos ocurridos, sino que tiene el objeto de prevenir futuras violaciones. En efecto, el ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad es esencial para evitar que en el futuro se repitan tales actos. En un Estado social democrático de derecho (como Colombia) las normas están escritas y constituyen el parámetro y la plataforma sobre la cual se tienen que mover las instituciones, los estados de excepción son otro cuento. En un sistema político democrático, el gobierno está sujeto a leyes y obligado a actuar a través de las mismas. Siendo la ley la principal fuente del derecho (tras la Constitución de la que deriva) es la máxima expresión de la «soberanía», es decir, de la «voluntad general». Frente a la concentración del poder y el caudillismo carismático sólo la democracia basada en el principio de legalidad con división equilibrada de poderes permite hacer compatibles los dos elementos aparentemente antitéticos soberanía y voluntad general. Según N. BOBBIO desde el punto de vista liberal tradicional el gobierno de las leyes es, por definición, superior pues impide la arbitrariedad. El derecho que tienen toda persona y la sociedad colombiana a conocer la verdad íntegra, completa y pública sobre los hechos ocurridos, sus circunstancias específicas y quiénes participaron en ellos, forma parte del derecho a reparación por violaciones de los derechos constitucionales, en su modalidad de satisfacción y garantías de no repetición. El primer principio contenido en el Conjunto de Principios para la protección y promoción de los derechos humanos (Carta Interamericana) mediante la lucha contra la impunidad reconoce el derecho a la verdad en los términos siguientes: Cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante la violación masiva y sistemática de los derechos fundamentales, a la perpetración de crímenes aberrantes. GRACIAS

Si de acuerdo fueron extraditados por narcotráfico, llamemoslos narcoparamilitares, muchos hablan de exparas, cuando en realidad nunca dejaron de serlo, por tanto los NARCOPARAMILITARES pueden hablar en contra de su aliado el PARAMILITAR MAYOR el del palacio de narquiño, rebajar sus penas y volver a colombia para que la justicia ordinaria los encarcele, pues muchos están condenados y para que los juzgue por los crimenes de lesa humanidad cometidos en este querido camposanto que es colombia por causa de la guerra.

Después de Ernesto Samper Pizano, es quizás Álvaro Uribe Vélez, el Presidente que más divide opiniones en la prensa, no así en el pueblo que lo rodea con una abrumadora favorabilidad y veamos por qué. Nunca antes un pueblo, como lo fue el colombiano había sido traicionado por un supuesto movimiento insurgente que dice defenderlo, el Presidente Andrés Pastrana Arango, de muy buena fe y alta dosis de ingenuidad, cedió en todas y cada una de las exigencias de las FARC, buscando un acuerdo de paz anhelado por todos, solo logro evasivas, mentiras y exigencias imposibles de cumplir aún por los países más desarrollados y solventes económicamente, además convirtieron la zona del despeje en un laboratorio criminal donde se dedicaban al narcotráfico, se planeaban atentados y tomas guerrilleras, se escondían secuestrados, se negociaban liberaciones, se recibían los vehículos robados de toda Colombia, se extorsionaba a los pobladores, se minaban los campos y se reclutaba y entrenaba menores de edad tanto para la guerra como para el servilismo sexual. Nunca antes un pueblo presuntamente defendido por la insurgencia deseo tanto su total aniquilamiento, siendo candidato presidencial, Álvaro Uribe identificó este deseo, antes o con mejores resultados que cualquier otro y desde un ínfimo 2% de apoyo anuncio una lucha frontal contra las FARC y logro la presidencia. Si el país no hubiera explorado ya esos caminos, los colombianos los estaríamos exigiendo, pero Pastrana ya los recorrió, sabemos que el despeje nada soluciona pero si fortalece la guerrilla, por eso, con el dolor que nos causan los secuestrados y sus familias, el pueblo está con el Presidente, a pesar que algunos sectores de la prensa y de la oposición quieren mostrar lo contrario en el país y en el exterior. Uribe dio todas las facilidades para liberar los secuestrados hasta que las mismas mentiras de las FARC en el caso de Emmanuel Rojas le dieron la razón. Dice un dicho que mientras más se trabaja y más se estudia mejor suerte se tiene, pues bien, se cansó por meses de empapelar al gobierno de Ecuador con información y coordenadas hasta que cansado de la falta de colaboración, ordenó bombardear el campamento de Reyes en suelo extranjero, tenía información de inteligencia de la complicidad de Ecuador y Venezuela, los indicios obtenidos en meses de información de inteligencia y los meses de paciencia, le dieron la suerte de encontrar tres computadores que terminaron de justificar su aventura militar en tierras ajenas. Lo criticaron por una ley de justicia y paz hecha a gusto de los paramilitares, le reclamaron no extraditarlos, él los esperó meses, se llenó de motivos, fue complaciente, esperó la acción de la justicia, escuchó las interceptaciones telefónicas, leyó los informes de inteligencia, supo los resultados de los allanamientos y cuando por fin extraditó a los paramilitares tenía un amplio acervo probatorio de sus incumplimientos a la ley, otro éxito ante sus electores. La oposición que no ha sabido asimilar tantas derrotas, y algunas ONG incoherentes como la del señor José Miguel Vivanco contrario a sus mismos pronunciamientos por escrito de hace dos años, ahora se inventan que 20 años en una cárcel “súper max” norteamericana es mejor para los delincuentes que 8 o menos años en las laxas cárceles colombianas, logrando cada vez más una disminución en su propia credibilidad y un reforzamiento de la credibilidad del presidente Uribe. Ahora, el Presidente no es monja de la caridad, ha sido político toda su vida y en la política hay que negociar, si yo dispongo de cargos no se los doy a los senadores que despotrican de mi a toda hora, se los doy a quienes me apoyan, así ha sido, así es y así será siempre, por eso creo en las denuncias de Yidis. Pero, ¿qué significan?, que hemos descubierto el agua tibia, ¡Uribe es clientelista!, como los son todos los políticos, incluidos los de la oposición. Pero aún así, le tememos a una oposición que desande el camino recorrido y que de ingenua buena fe o por descaradas simpatías, regrese a las concesiones con una guerrilla que ha demostrado que nunca cede y que usará el despeje para liberar 50 personas y planear el secuestro de otro tanto, es decir transferir el dolor de unas familias a otras. Hay algo claro, la guerrilla no quiere la paz, su revolución perneada por el narcotráfico, es un estilo de vida, saben que nunca tomarán el poder, pero es importante que “no muera la lucha”. La oposición debe ser razonable, hay que identificar el sentimiento ciudadano, en el inmediato futuro, año 2010, no llegará al poder candidato o partido político que no ofrezca en su agenda una lucha frontal contra las FARC. Una oposición ciega no evitará la realidad, el 83% de los colombianos prefieren clientelista malo conocido, que ingenuo o engañado por la guerrilla bueno por conocer.

Yesid que mosca te ha picado? Cómo así que no sales a respaldar a tu patrón? Tu columna le da la razón a todos los que han dicho y recontradicho que a los gringos ni le compete ni les importa juzgar a estos asesinos por algo distinto al tráfico de perica, a la que tanto son afiebrados. Y a todos los que se rasgan la bata porque se insinuó que la extradición de los amiguetes aquellos era para presionar la firma del TLC: http://ar.news.yahoo.com/s/14052008/11/mundo-noticias-colombia-partido-dem-crata-eeuu-elogia-decisi-n.html http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-casa-blanca-confia-extradicion-de-paramilitares-beneficie-tlc http://www.eltiempo.com/justicia/2008-05-13/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-4162525.html http://noticiasrcn.com.co/content/extradicion-paramilitares-senal-se-apruebe-tlc-casa-blanca

Tanta es la alharaca que forman los travestis o POLIGAYS de la izquierda que se mantenían ladrando que a los PARACOS habia que llevarlos era ante la CPI...y que el Gobierno los favorecía...ahi tienen la oportunidad TRAVESTIS Ignorantes, los Gringos los van a juzgar exclusivamente por Narcotrafico, vayan y denuncielos ante la CPI, para que cuando terminen de pagar los 30 años que les van a meter los gringos, de una vez los extraditen para que paguen las condenas en el lugar que decida la CPI..

POMPONIO DICE..."EL PROBLEMA TAMPOCO ES RECURRIR A LAS INSTANCIAS INTERNACIONALES PUES TAL PARECE QUE COLOMBIA ES UN ESTADO DE DERECHO CON UNA ESTRUCTURA JURISDICCIONAL COMPETENTE A JUZGAR LOS DELITOS Y HACER CUMPLIR LAS PENAS." Claro Pomponio, Tenemos Una "Estructura Jurisdicional" donde unos Magistrados reciben Zapatos y sus mujeres carteras, y otros Vuelos Charter para irse de farra a NEIVA..

ME UNO AL DOLOR DE LAS VÍCTIMAS, DEBE SER LO PEOR NI SIQUIERA UNO PODER ABRAZAR LOS HUESOS DE SUS SERES QUERIDOS. NO ENTIENDO COMO SI URIBE PERDÌO A SU PAPÁ ASESINADO, NO SABE EL DOLOR QUE ESTA MILES DE PERSONAS SIENTEN, ÉL POR LO MENOS SABE QUE UNA BALA ES RÁPIDA GENERALMENTE MATA RÁPIDAMENTE, PERO EN CAMBIO SABER QUE UN SER MUY ESPECIAL SUFRIÓ UNA MUERTE LARGA Y DOLOROSA E INJUSTA Y POR ROBARLES SU TIERRA, DEBE SER LO PEOR, FUERA alvaro uribe vélez DE COLOMBIA, FUERRA¡¡¡¡¡¡¡¡¡

APRECIADO OPINIONISTA, GRACIAS LA LECCIÓN DE PREGRADO. EL PROBLEMA TAMPOCO ES RECURRIR A LAS INSTANCIAS INTERNACIONALES PUES TAL PARECE QUE COLOMBIA ES UN ESTADO DE DERECHO CON UNA ESTRUCTURA JURISDICCIONAL COMPETENTE A JUZGAR LOS DELITOS Y HACER CUMPLIR LAS PENAS. LA GRANDE CUESTIÓN ES LA INTERPOSICIÓN, ARBITRARIEDAD E INCONSTITUCIONALIDAD DEL EJECUTIVO EN ESTE ASUNTO DE LA EXTRADICIÓN CON RESPECTO A LA RAMA JUDICIAL (VIOLACIÓN DE LA DIVISIÓN DE LOS PODERES DEL ESTADO); LA INEFICACIA EN LA APLICACIÓN DE LA LEY DE PAZ Y JUSTICIA; LA INCAPACIDAD DE UN EJECUTIVO EN HACER RESPETAR EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD; LA GROTESCA SENSACIÓN CREADA AL EXTERIOR DE QUE EN COLOMBIA LA MAGISTRATURA NO ESTA EN GRADO DE EJERCER SUS ALTAS Y DIGNAS FUNCIONES Y QUE EL EJECUTIVO CONTRASTA SUS DECISIONES; LA SERIE REPETIDA DE COMUNICADOS DEL EJECUTIVO QUE CANTA VICTORIA ANTE LA EXTRADICIÓN Y EL VALOR DEL ACATAMIENTO DE LA LEY SIN NOMBRAR QUE TALES SUJETOS TIENEN EN SU CONTRA GRAVÍSIMOS DELITOS EN EL PAÍS. O SEA TIRAMOS EL AGUA CON EL NIÑO.