La expedición de un código penal suele estar precedida de prolongadas discusiones sobre cuáles son los derechos que merecen protección del sistema penal y cuáles pueden ser tutelados por otras ramas del derecho. Esos derechos merecedores de protección penal se clasifican de tal manera que los delitos que atenten contra los de mayor importancia tengan las penas más altas, mientras los ataques contra derechos de menor entidad reciban penas más leves. Abordando con detenimiento estos y otros aspectos se han elaborado en Colombia códigos penales como el de 1936, el de 1980 y el de 2000, aun cuando para un desprevenido lector no sea fácilmente perceptible todo el andamiaje teórico que hay detrás de una codificación penal.

Ocasionalmente los medios de comunicación informan sobre delitos que generan un especial rechazo en la comunidad y abren una discusión pública sobre el tratamiento que la ley penal brinda a esos hechos. Se debate entonces sobre si está bien que quien le dispara a su esposa reciba una pequeña pena por maltrato intrafamiliar, si un violador en serie debe ser sometido a procesos de castración química o debe ser recluido de por vida en prisión o si quien conduciendo en estado de ebriedad lesiona o da muerte a alguien debe recibir la misma pena que quien lesiona o mata a otro de manera intencional.

Si bien temas como estos plantean eventuales reformas a las leyes penales, ellas deben estar precedidas de un muy detenido estudio no sólo de los casos concretos que han suscitado la atención de la opinión pública, sino de las implicaciones que ellas pueden tener en todo el sistema penal.

Recientemente fue aprobada en el Congreso una norma que agrava el delito de homicidio “cuando se comete sobre una mujer por el hecho de ser mujer” y alguna de las ponentes manifestó a los medios que en parte se había expedido la norma teniendo en mente algún caso público de agresión de un marido contra su esposa.

Aun cuando la redacción de esta norma admitiría varias interpretaciones, me resulta difícil imaginar que alguien mate a “una mujer por el hecho de ser mujer”; habría que pensar en casos de personas con serios trastornos mentales que les llevan a despreciar a las mujeres hasta el punto de matarlas, pero entonces habría que advertir que esos trastornados no son objeto de penas sino de tratamiento médico.

Adicionalmente a lo anterior, me queda la curiosidad de por qué merece más pena quien mata a una mujer que quien mata a un hombre; en una época en la que con razón se propugna por el reconocimiento de la igualdad de los sexos en todos los planos, sancionar más drásticamente el homicidio de una mujer que el de un hombre transmite la idea de que la vida de las mujeres necesita más protección que la de los hombres; y eso supone un trato discriminatorio que contrasta con la idea de los promotores de la norma.

Puede ser que en algunos casos se aproveche la situación de inferioridad en que se encuentre una mujer para matarla; pero en ese caso la agravante de pena no debe obedecer a su condición de mujer sino al estado de indefensión en que ocasionalmente se encontraba.