¿Comienza la “fatiga de materiales” en el uribismo?

SI BIEN NO ES LA PRIMERA VEZ QUE el Congreso se rebela contra el presidente Uribe desde su elección en 2002 —lo hizo en 2003 al aprobar la reforma política de ese año—, una serie de hechos ocurridos en las últimas dos semanas no deben pasar desapercibidos y pueden ser indicios de un cambio en las relaciones entre el presidente Álvaro Uribe y su bancada.

En primer lugar, la plenaria de la Cámara de Representantes no aprobó el artículo de la reforma política que establecía la posibilidad de la reelección presidencial en un período mediato para quienes hubieran ocupado la Presidencia por dos períodos consecutivos. Para no apartarse de una práctica que parece estar haciendo carrera cuando de reformas constitucionales se trata, éste artículo tenía nombre propio, por ser el único presidente que ostenta la condición establecida. No obstante, con los votos de los congresistas del Polo Democrático Alternativo y del Partido Liberal, pero también de varios miembros de la coalición de gobierno, el artículo pasó a mejor vida.

Si bien apenas han transcurrido dos de los ocho debates reglamentarios, la suerte que corrieron otros artículos de la reforma política llama igualmente la atención. El Congreso volvió a rechazar el intento del Gobierno de revivir la obligación de que la moción de censura contra ministros tenga que ser votada por las dos terceras partes del pleno de cada una de las dos cámaras, en lugar de la mitad más uno de los congresistas de una de ellas. Esta modificación había sido aprobada por el Congreso hace algo más de un año, “a espaldas” del ministro del Interior Carlos Holguín, y desde entonces ha sido duramente criticada por el Ejecutivo. Como en el caso anterior, en esta decisión participaron parlamentarios gobiernistas y de la oposición, argumentando que la modificación implicaba quitarle facultades al Legislativo.

Algo similar ocurrió con el tema de la “silla vacía”, que motivó el hundimiento por parte del Gobierno de la anterior reforma política en su penúltimo debate. El texto aprobado en esta ocasión retoma la idea de aplicar la sanción a partir de la imposición de la medida de aseguramiento del congresista y no de su condena y establece que el partido no podrá reemplazar la curul del procesado, así éste renuncie a su fuero. Si bien se definió que esta medida sólo se aplicaría para las investigaciones iniciadas una vez aprobada la norma, lo cual blinda a quienes actualmente están siendo investigados y a sus partidos, la decisión adoptada contraría la propuesta gubernamental.

Estos incidentes pueden ser, como ya se indicó, el presagio de un cambio de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo y de una recomposición de las fuerzas políticas en el país con miras a las elecciones de 2010.

Pero, más allá de los cálculos electorales, lo ocurrido también podría interpretarse como la aparición de síntomas de fragilidad en lo que se conoce como el “uribismo”, entendido como la sumatoria de una serie de personas, movimientos y partidos políticos, algunos más estructurados que otros, que han girado en torno a la figura del presidente Uribe y que han usufructuado su inmensa popularidad, pero que no se ha institucionalizado como un proyecto político con partidos fuertes y organizados. Y que comienza a mostrar indicios de “fatiga de materiales”.

*Directora Congreso Visible