Por: Carolina Botero Cabrera

Compartir no es delito

 

Por estos días se habla de Diego, un joven biólogo de UniQuindío dedicado a la conservación de biodiversidad, quien por compartir en Internet, sin autorización, una tesis de maestría de otro biólogo (realizada en la UNal) enfrenta un proceso penal que puede significarle cárcel de 4 a 8 años y multas.

Primero, esto por sí mismo es ilógico. Diego no plagió la obra, no hizo “piratería”, nunca tuvo ánimo de lucro, solo la compartió con fines académicos. Si los jueces se quedan en la letra del código, sin mirar lo que los abogados llamamos “antijuridicidad”, van a procesar a muchos Diegos. Eso, al final, no puede estar bien (vean #CompartirNoEsDelito).

El caso, a mi parecer, propone una discusión más profunda sobre información básica de especies. Para ser serios en materia de biodiversidad, nuestros científicos deben contar con esa información. Debemos debatir sobre cómo circula la ciencia y, sobre todo, sus “datos”. El auge del “acceso abierto” busca evitar que el conocimiento científico (que cambia vidas e impacta el desarrollo) quede atrapado por años en lógicas de publicación y reconocimientos egoístas. Busca favorecer su circulación, rompiendo -entre otras- barreras de derecho de autor, cambia el acento de proteger a divulgar.

Cuestionamos el sistema que condena a los descubrimientos científicos a años de secreto. Así sucede con las principales publicaciones que tienen colas de artículos, largos procesos de evaluación y, una vez publicados, altísimos costos de acceso. Y todavía más, de esas publicaciones dependen posteriores reconocimientos. Esa lógica ha modificado lentamente la cultura científica de compartir, por una que valora y protege los secretos para mantener los largos trámites.

Probablemente, en ese tan cuestionado sistema no hay problema en que un científico, pasados 5 años (los que hay entre la fecha de la tesis y la “colgada” de Diego en Internet) aún busque mantener en secreto su publicación, puede que tenga posibles beneficios pendientes del sistema. Pero eso definitivamente muestra que hay problemas estructurales. ¿A quién se hace más daño cuando no circula información científica durante años? ¿Al autor? ¿Al país?

La biodiversidad de Colombia es patrimonio de todos los colombianos. ¿Cómo hacemos para que el saber y los conocimientos sobre las especies que conforman la biodiversidad sean también información pública?
 

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