Por: Juan Pablo Ruiz Soto

Concretemos la gestión ambiental

El pasado 1º de noviembre asistimos al Primer Encuentro por el Agua, foro convocado por El Espectador, Isagen y WWF, en el que sociedad civil, empresas y entidades gubernamentales se reunieron para conversar respecto a la gestión integral del agua.

La introducción fue realizada por el Instituto Quinaxi, llamando la atención sobre la necesidad de dar un manejo integral al agua, eje orientador del ordenamiento ambiental territorial. Luego, Isagen insistió en la importancia del buen manejo del agua para la generación de energía eléctrica y el Ideam presentó información nacional actualizada sobre la dinámica del agua. Entonces, el foro se focalizó en la necesidad de generar una nueva cultura para el manejo del agua, en todos los actores sociales. La WWF realizó un análisis respecto de la necesidad de que las empresas y la sociedad midamos nuestra huella hídrica. El Ministerio del Medio Ambiente presentó los avances de los estudios para el manejo de las principales cuencas y anunció que se realizarán importantes inversiones para la planificación de las mismas. El Instituto Humboldt convocó a una participación ciudadana fundada en el conocimiento. Entre los asistentes hubo consenso respecto de la importancia de una activa participación de los diversos sectores para hacer una mejor gestión integral del recurso.

Mi punto es que, si bien siempre será útil contar con más y mejor información, es urgente empezar a actuar. La información disponible y la legislación existente son suficientes para que gobierno, empresas y sociedad civil actuemos de manera seria para hacer un mejor manejo del agua. Por ejemplo, más que pensar en reformar las CAR —acción que sin duda es conveniente—, el paso más efectivo en el corto plazo es hacer pública y de fácil acceso la información sobre el uso del presupuesto de las CAR y poner en evidencia si están o no cumpliendo su función misional de manejo de las cuencas hidrográficas. Respecto a la legislación, desde 1974, con el Código Nacional de Recursos Naturales, todos los colombianos estamos obligados a proteger los nacimientos de agua y las riberas de ríos y quebradas. La ley no se cumple. Lo habitual es que deforestemos hasta el borde de los cursos de agua y que muchas veces se destruyan los nacimientos.

No se trata de agudizar el conflicto mediante actos jurídicos. Es urgente que, apoyados en la legislación existente, incentivemos a los ciudadanos, y especialmente al productor que deriva su sustento del uso de la tierra en las partes críticas de nuestras cuencas andinas, a cambiar el uso de la tierra. Se requiere una compensación económica, transfiriendo parte de los beneficios económicos derivados de la conservación al campesino que genera el servicio ambiental. Incentivar el cambio de uso de la tierra, de la producción agropecuaria hacia la conservación y recuperación del bosque. La herramienta que podemos usar es el pago por servicios ambientales.

Simultáneamente, sería ejemplar que el Incoder realizara la expropiación a algunos propietarios que, ubicados en lugares críticos, le estén dando a su predio un manejo que destruye la función ecológica de la propiedad. Quizá esta sea la mejor manera de hacer educación en el corto plazo. Ejemplos críticos, por donde empezar, hay muchos.

 

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