Por: Lorenzo Madrigal

Confiscación

MUY EFICAZ HA SIDO LA MEDIDA, adoptada por una ley, que es orgullo de este “Congreso admirable”, por la cual se castiga con altísimas penas dinerarias a los conductores embriagados.

No sólo por los días muertos posnavideños, pero también por el peligro de perder el vehículo o de someterse a sanciones estrambóticas, escasea la circulación de automotores. Se ha producido un efecto de pico y placa, lo que prueba que muchos andan a medio palo y prefieren guardarse.

Pero no todo lo eficaz es lícito o adecuado. Buenos resultados daría también la pena de muerte para evitar crímenes de toda clase, pero ni la sociedad ni la ley ni la moral aceptan como válido este atentado al primordial derecho humano. Diría que lo mismo ocurre con la confiscación, expresamente prohibida en la Carta Política, artículo 34 (Derechos y Garantías, Título II).

Que un simple retén policial pueda decretar una sanción por $28 millones, embriaga de felicidad a algunos senadores y representantes, orgullosos coautores de la ley antiborrachos, por la cual levantan cabeza y creen haber ganado un punto ante la opinión electoral.

No, señores, eso es confiscatorio. Un capital trabajado y ahorrado por años no puede perderse por una medida preventiva. Menos mal que, tras los desastrosos resultados que produjo un chico al volante en estado de ebriedad, no se cayó en la pretendida conversión de una falta gravísima en un tipo penal, el cual, por definición tradicional, hubiera requerido del animus necandi (intención de matar). Tal intención no es la del conductor ebrio, el cual, en su insensatez, piensa que está volando por los aires sin causar daño a nadie. Tan inconsciente es que en tiempos antiguos la embriaguez se consideraba atenuante del crimen. Creo que exageraban para el otro extremo. Es claro que conducir alicorado no es asunto folclórico, sino una insania que debe precaverse y sancionarse.

La amenaza de perder el capital de su vida ($28 millones lo es para un promedio de colombianos) seguramente contiene al posible infractor, pero en ese monto desorbitado ya no se trata de una multa, sino de una confiscación (en que el fisco se apropia de los bienes de los particulares). Además de ser medida dictatorial, es fuente de altercados y muy seguramente de corrupción policial, por más que mi general Palomino les haya enviado a sus súbditos una epístola de buenos principios, que muy pocos van a acatar.

Este país, uno de los más corruptos, es también de los más castigadores, por encima de la raya del equilibrio. Somos bipolares: pecamos al extremo y castigamos al extremo. Y lo que creen los congresistas es que han puesto una pica en Flandes y que la opinión va a felicitarlos por su arrojo y demasía. Pero no tanto que queme al santo (o a Santos) ni poco que no lo alumbre.

 

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